La regidora Hortencia Galván propuso medidas integrales para inhibir la presencia de conductores en estado de ebriedad. (EL SIGLO DE TORREÓN)
La regidora de extracción perredista, Hortencia Galván, presentó una iniciativa encaminada a añadir un enfoque social y preventivo a las sanciones contra conductores en estado de ebriedad, que figuran en el Reglamento de Tránsito y Vialidad Municipal.
Según expuso, la intención es que además de las multas, se aplique un enroque integral, que incluya trabajo comunitario, asistir a sesiones de Alcohólicos Anónimos entre otras.
En el marco de la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2022, la edil expuso que la presencia de conductores en estado de ebriedad se ha convertido en un problema grave, por lo que las sanciones económicas, la pena corporal y el decomiso de los vehículos ya son medidas insuficientes.
"Se requiere un enfoque integral con sensibilidad social, para prevenir y concientizar a los conductores, e instrumentar protocolos y medidas eficaces con apego a la legalidad y el respeto a los derechos de los ciudadanos".
Por este motivo, consideró necesario modificar el Reglamento de Tránsito y Vialidad, al señalar que las medidas coercitivas solo atacan una parte del problema, y no alcanzan para atajar de manera efectiva la incidencia de personas en estado de ebriedad al volante, además que en algunos casos, derivan en abusos y excesos en perjuicio de los conductores, principalmente en el rubro económico.
Ante ello, consideró necesario que se incluyan aspectos como el trabajo comunitario, asistir obligatoriamente a pláticas de concientización en instituciones públicas y sesiones terapéuticas; acudir a sesiones de grupos de Alcohólicos Anónimos, además de participar en actividades preventivas y compartir experiencias a distintos sectores, y con infractores primerizos o reincidentes.
Señaló que lograr evitar la combinación volante-alcohol debe ser una prioridad de las autoridades competentes en esa materia, pero no debe reducirse a la implementación de retenes y la aplicación de fuertes sanciones económicas, que más parecen una forma de subsanar las maltrechas condiciones financieras del municipio, a costa de la economía familiar de los infractores, razón por la que no son bien vistos tales operativos por la ciudadanía.
