Ayer, 13 de octubre, se llevó a cabo una "consulta popular" para determinar si el mandato del próximo gobernador de Baja California, el morenista Jaime Bonilla, que debe empezar el 1ro de noviembre, debe durar dos años, como estaba establecido en la ley al llevarse a cabo la votación del 1ro de junio, o cinco años.
La consulta si hizo abiertamente para respaldar los cinco años que desea el gobernador electo. La pregunta en la boleta era si el ciudadano estaba a favor del "Proyecto 5", "Mantener la reforma aprobada para que se mantenga un proyecto de 5 años de gobierno", o del "Proyecto 2", "Llevar a cabo una contrarreforma para limitar el período de gobierno a 2 años". El ejercicio se hizo por convocatoria de un Congreso dominado por Morena, cuyos miembros definieron el contenido de la boleta, financiaron el proceso, contaron los votos y fueron los jueces para garantizar su limpieza.
Tanto el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se declararon incompetentes para revisar la legalidad de la consulta porque "escapa de la materia electoral". El proceso electoral, señalaron, concluyó "con la declaración de gobernador electo" y una constancia de gobierno de dos años.
El Congreso de Baja California enmendó en julio la ley para ampliar el mandato del gobernador electo, pero la ley no ha sido publicada, por lo que no ha sido posible llevarla a una controversia constitucional. El presidente del Congreso estatal dice que la ley "está perdida", pero en realidad se espera que la promulgue poco antes de la toma de protesta con la idea de que así no habrá tiempo de cuestionar su constitucionalidad.
El rechazo a la Ley Bonilla ha sido generalizado. Cuauhtémoc Cárdenas afirmó que "el Congreso de Baja California ha decidido vulnerar el orden republicano y democrático. Ofende la inteligencia, cae en la ilegalidad y pierde total legitimidad al prolongar de 2 a 5 años el mandato del gobernador electo". La secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte, afirmó que en su opinión se trata de "una reforma inconstitucional". El propio presidente López Obrador ha declarado que no está de acuerdo con la ley. Este 11 de octubre declaró: "Es algo, incluso, que me produce pena. Me da pena, porque no deben estarse discutiendo estos asuntos. Hay que respetar lo que establecen la Constitución, las leyes y lo que resuelvan las autoridades".
El Tribunal Electoral decretó que no se podía cambiar el mandato de dos a cinco años de manera extemporánea. La consulta popular ni siquiera existe en términos legales. Si se promulga la enmienda horas antes de la toma de protesta, lo más seguro es que se presente una controversia constitucional a la Suprema Corte, pero el argumento de los morenistas será que Jaime Bonilla ya rindió protesta y por lo tanto no se puede revocar el mandato.
Este sábado 12 de octubre, por extraña coincidencia, el presidente estuvo en Baja California. La visita se limitó oficialmente a San Quintín, pero supongo que habrá habido ocasión para algún intercambio de opiniones al más alto nivel. Ojalá que el presidente haya mandado el mensaje de que no avalará un gobierno inconstitucional.
Mientras tanto, Jaime Bonilla, un gobernador electo por un margen incuestionable, ha desperdiciado la mayor parte de sus esfuerzos en ampliar el mandato, en lugar de prepararse para gobernar.
AGUAYO Y MOREIRA
Una sala civil condenó al académico y periodista Sergio Aguayo a pagar 10 millones de pesos al expresidente del PRI Humberto Moreira por "daño moral". El fallo es un golpe a la libertad de expresión. Es importante mantener la libertad de llamar corrupto al corrupto. Aguayo dice que promoverá un amparo.
Twitter: @SergioSarmiento
