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Aniversario 83 de la Expropiación y el Reparto de Tierras efectuado por el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río

CRÓNICA GOMEZPALATINA

MANUEL RAMÍREZ LÓPEZ (CRONISTA OFICIAL DE GÓMEZ PALACIO)

Primera parte

Esta pasada semana se celebró el octogésimo tercer aniversario de la expedición del Decreto del seis de octubre, mismo, que ordenaba el proceso de expropiación en haciendas y el reparto de tierras a los campesinos laguneros. El municipio de Gómez Palacio fue elegido como el lugar donde se entregarían las primeras posesiones, en cumplimiento del Acuerdo Presidencial, a fin de tratar de dar solución a los graves conflictos que ocasionaban los constantes abusos cometidos en la mayoría de esas propiedades. La tarde del sábado 17 de octubre de 1936, el licenciado Gabino Vázquez Jefe del Departamento Agrario de la Nación, representante y operador del Presidente Cárdenas, entregó las primeras dotaciones de tierras en la hacienda "Los Ángeles", propiedad del señor Enrique Marroquín, quien convino en otorgar a los campiranos 324 hectáreas de riego, 116 hectáreas de terreno eriazo, más el casco de la hacienda que tenía extensión de tres hectáreas. En paralelo en el mismo evento se entregaron tierras a campesino de la hacienda "Venecia", propiedad de la señora Francisca Luján de Suinaga.

La Revolución Mexicana ciertamente modificó radicalmente la situación política y social del país, pero no lesionó gravemente la estructura económica de los terratenientes ni logró el cambio en sus arbitrarios procedimientos humanos y laborales, ya que las personas a su servicio continuaron recibiendo el mismo trato de peones acasillados y sujetos a condiciones de vida marginales y sin perspectivas de superación y progreso. Esa precaria situación, originó que los trabajadores avecindados en la región lagunera de Durango estallaran la histórica huelga de la hacienda de Manila, la cual inició a las cinco de la mañana del día 11 de junio de 1935, en la cual se reclamaba el respeto a la titularidad del contrato laboral afectado por un fallo injusto de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado y la solicitud de un incremento salarial de $1.50 pesos diarios, en lugar de los $0.75 centavo diarios que se venían percibiendo y una jornada de trabajo de ocho horas. El Juez Primero de Distrito de Torreón, Licenciado Arturo Martínez Adame, funcionario probo y valiente, les otorgó un amparo declarando válida la huelga que duró 32 días y se generalizó a otras 107 haciendas que tuvo el respaldo de miles de obreros y de la gente del pueblo de la comarca y que fue el elemento esencial que desencadenó el posterior reparto agrario.

La inicua explotación que generaron los hacendados provocó una rebeldía creciente entre el campesinado, que causó el incremento sustancial en sus demandas de dotaciones de tierras y recordaban con tristeza que el entonces Presidente de la República Francisco I. Madero recibió en audiencia el 15 de noviembre de 1911 a los generales maderistas duranguenses Calixto Contreras Espinoza y Severino Ceniceros representando a los pueblos de Ocuila, Pasaje, Santa Clara y Peñón Blanco, quienes le solicitaron formalmente el reparto de tierras para los campesinos de esa región, a lo que el señor Madero dio su respuesta negativa, argumentando con enojo que en ningún momento ofreció afectar a los hacendados, sino solo restituir las tierras que hubieran sido despojadas a las gentes del campo y que la devolución se haría sólo mediante un juicio legal. La reunión terminó violentamente, regresando a sus lugares de origen los mencionados totalmente decepcionados, ya que después de haber entregado todo al movimiento armado creían solamente haber recibido promesas

Los latifundistas continuaban con su ofensiva contra la reforma agraria contando con el apoyo del Presidente de México Abelardo L. Rodríguez y del Jefe Máximo Plutarco Elías Calles influyente militar de gran poder político, mismos que dieron entrada a las propuestas de evitar afectaciones a las haciendas y negando la recepción a las peticiones de tierras y promoviendo la creación de los Distritos Ejidales, que eran territorios alejados e inadecuados para los cultivos en los que se proponía reubicar a los campesinos e nuevos centros de población, fuera de toda propiedad de los terratenientes. En Coahuila se habilitaron terrenos de los distritos de Gilita y Hornos y en la parte de Gómez Palacio fueron trasladados ejidatarios a Marta, Palo Blanco, Santa Clara, Horizonte, Madrid y Las Huertas, en un mañoso paliativo fraguado por los hacendados en contubernio con distintos niveles de gobierno, que solamente provocaron mayores problemáticas sociales y causando nuevas asperezas con los afectados.

Ante esos agravios recurrentes de los hacendados y la desesperación de la gente rural, no se hizo esperar la respuesta contundente del gobierno Cardenista. Anunciando seguir adelante con el decreto de expropiación del total de las haciendas laguneras, a pesar de que muchos de sus dueños se defendieron esgrimiendo el recién creado Código Agrario, les resultó contraproducente, pues cooperaban voluntariamente con la entrega del excedente de las haciendas o no se les reconocería su derecho a contar con una pequeña propiedad de 150 hectáreas de tierra, además de cancelarse cualquier posibilidad de luchar por alguna indemnización. El golpe fue demoledor y la resistencia casi nula y sin futuro. A partir del decreto del 6 de octubre de 1936 en el que se dotó de ejidos a los jornaleros de la región, en nuestro municipio se crearon múltiples comunidades ejidales, siendo establecidos los nuevos asentamientos junto a los cascos de las construcciones principales de las haciendas expropiadas, otorgando superficies para usufructo colectivo de los nuevos ejidatarios, respetando desde luego el límite autorizado a los hacendados.

El proceso de expropiación de las haciendas fue radical. El general Cárdenas quien permaneció 35 días en la comarca, envió un informe a la nación desde el Teatro Isauro Martínez de Torreón, Coahuila, señalando que consideraba concluido el reparto agrario y que en 45 días se entregaron dotaciones a 221 núcleos de población, que posteriormente llegaron a ser 290 núcleos, beneficiando a 25,803 ejidatarios con 114,814 hectáreas de tierra y 128,526 de pastos. En las anotaciones de su diario citaba lo siguiente: Las dotaciones de todos los peones de las haciendas y ranchos fueron acordadas en virtud de que en ninguna propiedad se cumplía con la ley en los derechos que asisten al "peón acasillado" por lo que hoy se da el impulso mayor que ha sido posible a favor del campesino y de la economía del país.

A 8 década de aquel trascendental y patriótico movimiento cardenista, que requirió de un enorme esfuerzo político gracias a la visión de un gran estadista para poderse enfrentar a un problema de tales dimensiones, que ningún gobierno anterior afrontó debido al riesgo que confrontaría al intentarlo. El gobierno norteamericano reclamaba un pago estratosférico por expropiaciones de tierra a los súbditos de su país; los hacendados pedían la restitución de sus propiedades, además del pago de una desorbitante deuda agraria, que gravitaría sobre el pueblo por muchas décadas. El Presidente Cárdenas en su discurso dirigido a los terratenientes afectados por el reparto agrario, les pidió que hicieran con verdadero fervor de patriotismo y sentido humanitario, un examen de la situación y explotación a que sometieron a los campesinos de las tierras que ocupaban, diciéndoles que: "De alta moral y verdadero cariño a los intereses de la Patria, sería que los mexicanos hicieran renuncia de la indemnización que pudiera corresponderles por la afectación de las tierras. De proceder así, la Nación podrá sentirse muy orgullosa de la comprensión y patriotismo de sus propios hijos".

La solicitud realizada en momentos de apremio para el gobierno apelando a la buena voluntad de los propietarios de las tierras, abrió las puertas a una negociación con los interesados. Los terratenientes ya daban por perdidas las propiedades afectadas y la petición del Presidente les dio la posibilidad de asegurar las tierras que les quedaban, pues estas continuaban siendo las más ricas, de mayor calidad de suelos y con la mejor infraestructura de irrigación, por lo que decidieron protegerlas de nuevos repartos. Los terratenientes cedieron sus derechos de indemnización, pero sólo a cambio del compromiso presidencial de detener todo movimiento de reparto agrario. A cambio el gobierno federal y desde luego el estatal se comprometieron a no acceder a nuevas ampliaciones y/o dotaciones y a entregar los certificados de inafectabilidad a las propiedades que les restaban. De esa manera se concluyó la reforma agraria en La Laguna, acabando con los propósitos de nuevos demandantes que pudieran surgir. En su mensaje de año nuevo de 1939, el gobernador Calderón citó: "Por mi conducto, el Presidente Cárdenas expresa a los propietarios de terrenos rústicos que cedieron en beneficio de la nación las indemnizaciones agrarias que les correspondían, su calurosa felicitación por su patriótica actitud, y su agradecimiento por su desinteresada colaboración con el gobierno y el ejecutivo a mi cargo".

Así de una forma somera, tratamos de explicar la formidable dimensión de éste asunto. Baste decir que las tierras laborables de La Comarca Lagunera pertenecían a unos 275 terratenientes, mientras que ahora hay varios miles de pequeños propietarios, ejidos, y comunidades agrarias, que tienen la posibilidad de contribuir al desarrollo de México y, sobre todo, disfrutan de justicia plena, gracias a la apasionada labor de un gran mexicano, el general Lázaro Cárdenas del Río, quien además demostró gran cercanía por nuestra gente y nuestro terruño, cariño que le ha sido retribuido enormemente por los que valoramos el enorme compromiso que tenemos con ese estadista sin par. "El Gran Tata Lázaro", esperando que las nuevas generaciones conozcan esta álgida etapa de la nación y la comarca.

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Escrito en: Crónica gomezpalatina

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