Se estima que en México alrededor de 5 millones de niñas, niños y adolescentes son víctimas de violencia sexual, pero solo uno de cada 10 delitos se denuncia, lo que hace urgente romper el silencio y romper con la impunidad que arropa a los agresores.
Es un delito silencioso, cometido, en un 90 por ciento de los casos, por un familiar directo o conocido de la víctima y que puede ocurrir durante años, incluso a pesar de ser denunciado.
De acuerdo con la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas A.C. (Adivac), la gran mayoría de los sobrevivientes de la violencia sexual infantil no denuncian y aquellos que lo hacen tardan hasta cinco, 20 o 30 años en hablarlo, en tanto que los códigos penales establecen lapsos que van de los tres a cinco años para su prescripción.
Es el contexto en el que se sitúa la urgencia de acelerar el proceso legislativo de la iniciativa que se ha presentado en el Senado de la República sobre la modificación del Código Penal Federal para que los delitos sexuales cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes no prescriban.
Es tiempo de incentivar a las víctimas a romper el silencio y denunciar la violencia sexual infantil tolerada socialmente. Silencio que se ha convertido en el paraíso de los victimarios y el temor de las víctimas.
Se suma a la impunidad el hecho de que se carece de cifras reales del fenómeno y que en cada entidad el delito es tipificado de manera diversa. Es por ello que se vuelve complejo el acceso a la información y el conocimiento de la incidencia de esta pandemia mundial.
Desafortunadamente, donde se da más la violencia sexual infantil es en la primera infancia, en niñas y niños de meses de nacidos que incluso todavía no hablan, lo que permite que pasen los años y el delito prescriba, incluso antes de que la víctima identifique la agresión de que fue objeto.
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), del Inegi, revela que al menos 4.4 millones de mexicanas de 15 años o más sufrieron de un abuso sexual durante su infancia y los principales agresores fueron miembros de su familia.
La encuesta realizada en 2016 arrojó que los principales agresores son los tíos, con 20.1 por ciento, y los primos con 16 por ciento de casos; le siguen los hermanos, con 8.5 por ciento; padrastro o madrastra con 6.4 y 6.3 por ciento; padre, el 5.8 por ciento; abuelo, 3.7 por ciento, y madre con el 0.5 por ciento.
A esto se debe se debe que sea la propia familia la que no denuncia para encubrir al agresor que resulta ser otro miembro de la familia o del entorno familiar.
Resulta difícil para la víctima identificar y aceptar que la persona que debe cuidarla es la misma que la abusa y la condena de por vida, porque una sola vez basta para matar su inocencia y sus sueños.
Las estadísticas develan la dolorosa situación en que nos encontramos y mucho es porque los mecanismos de acceso a la justicia y de respeto de la dignidad de las niñas, niños y adolescentes son poco eficientes.
Es un delito estructural, multifactorial, que debe ser atacado desde los ámbitos cultural y normativo, pero también desde lo fáctico y la efectividad de las investigaciones.
Es deber de las autoridades de procuración y administración de justicia, del poder legislativo y de la sociedad civil en su conjunto, generar estrategias y armonizar la legislación para coadyuvar en este complejo problema social.
Para frenar esta pandemia y que se desarrolle una infancia sin violencia se requiere de un cambio cultural, económico y social.
Se trata de un problema de gran complejidad, pero que no es imposible de prevenir y combatir. Es el momento de hacerlo de manera diferente, desde la perspectiva de que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos.
@Ale_BarralesM
