Alertaron que podría criminalizarse a inocentes, al considerar delitos como la 'omisión' o la 'simulación' en el pago de impuestos como delincuencia organizada a discrecionalidad del Sistema de Administración Tributaria (SAT). (ESPECIAL)
Integrantes de la iniciativa privada y diversos juristas destacados pidieron a los diputados federales no aprobar la minuta con la que se castiga con prisión ociosa la utilización de facturas falsas, pues la consideraron "excesiva", una "atrocidad" y anunciaron que podría presentarse acciones de inconstitucionalidad, por lo que pidieron no aprobarla al vapor y que se tome más tiempo para analizarla y se le incorporaren cambios.
Al participar en Parlamento Abierto ante las Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda de la Cámara de Diputados, también alertaron que podría criminalizarse a inocentes, al considerar delitos como la "omisión" o la "simulación" en el pago de impuestos como delincuencia organizada a discrecionalidad del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
En consecuencia, se les aplicaría prisión preventiva ociosa, se les congelaría sus cuentas, se les extinguirían sus bienes, e incluso se podrían vender de manera anticipada.
Además, consideraron que con esta minuta se estaría generando un régimen de excepción, no se atraería inversión, y al contrario, muchas empresas podrían quebrar a partir del 1 de enero del 2020.
Juvenal Lobato Díaz, vicepresidente de la Comisión fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguró que el modelo planteado puede provocar una acción de institucionalidad, ya que puede violar preceptos consagrados en la Constitución. "Se requiere de más tiempo para redactarla de manera adecuada, de lo contrario se estará legislando al vapor y en perjuicio de la ciudadanía".
Manuel Rodríguez Villamil, enlace legislativo de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO Servytur), indicó que la compra de facturas como tal no debería ser considerada delincuencia organizada, sino defraudación fiscal y se le debe dar el trato que corresponde, ya que la estructura propuesta facilita una vinculación y la prisión preventiva ociosa pero afecta la presunción de inocencia.
Jorge Gaxiola Moraila, representante de la Asociación Mexicana de Bancos, mencionó que lo que contempla el dictamen es de profunda preocupación pone en riesgo la inversión nacional y extranjera, y la generación de empleos. "No se puede aplicar un régimen de excepción contra los contribuyentes, es una situación en la que no tienen defensa; 43% de la actividad económicamente activa somos contribuyentes", refirió.
Ángel Junquera Sepulveda, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM) destacó que a pesar de que el propósito de la reforma fiscal es incrementar la recaudación, es preocupante ver como se busca sancionar prácticamente a todos los empresarios y usuarios de servicios, por lo que conminó a realizar un estudio profundo de la minuta para que se respete el estado de Derecho, la presunción de inocencia, de lo contrario se suspenderá la inversión privada.
Eduardo Méndez Vital, integrante de la Barra Mexicana de Abogados, señaló que la manera en que se pretende aplicar sanciones contra los contribuyentes que puedan cometer por error o de manera involuntaria estos delitos es una exageración, ya que se les puede procesar como delincuencia organizada y prisión preventiva ociosa o, incluso, aplicar la Ley de Extinción de Dominio. "Nosotros creemos que el artículo 109, en cualquiera de sus alcances, debería de salir de esta reforma; estás medidas las vemos como una ficción jurídica", señaló.
Rodolfo Félix Cárdenas, especialista en ciencias penales, dijo que las reformas jurídicas de esta minuta dan sentido de licitud a la delincuencia organizada; es decir, no puede existir defraudación fiscal como concepto de delincuencia organizada, "si van a aprobar ustedes estos ordenamientos centrasen en el artículo 103 que es el que está diseñado para factureros.
Ustedes no van a encontrar en la ley fiscal un apartado que diga que la delincuencia organizada pague impuestos, porque es una actividad ilícita".
