No quedan claros pagos por compensaciones superiores a los tres millones de pesos del IEPC. (EL SIGLO DE TORREÓN)
Altos funcionarios con salarios que difícilmente podría tener el común de los profesionistas duranguenses, presupuestos superiores a los de dependencias que deben atender problemas prioritarios y gastos excesivos que no terminan de aclararse ante instancias auditoras, son solo algunos de los rubros que generan una democracia demasiado costosa para los duranguense.
Y es que, aunque se han realizado varias reformas a la ley en la entidad, la realidad es que no se ha concretado una reducción real en el costo de la burocracia electoral.
PRESUPUESTOS ELEVADOS
Aunque hubo un recorte para este 2019 al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en relación con el año pasado, al pasar de una propuesta de 266 millones 676 mil 427 pesos a 216 millones 676 mil 427 pesos, se mantuvo como el organismo autónomo con el mayor presupuesto asignado para este año, solo después de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED).
Asimismo, el Tribunal Electoral del Estado de Durango tuvo para este 2019 un presupuesto de 35 millones 824 mil 420 pesos. Esto significa que gasta más que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa que es parte del Sistema Local Anticorrupción y que este año tuvo que asumir nuevas atribuciones con un monto de 18 millones 868 mil 149 pesos.
El Tribunal Electoral tiene también más recurso que instancias como el Instituto Estatal de las Mujeres (pese a que está activa una Alerta de Género) o que la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, que debería tener un fondo para la reparación del daño a víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, por parte de autoridades.
GANA MÁS QUE EL PRESIDENTE
Pero sin duda, los elevados salarios de los funcionarios electorales están entre los rubros que generan mayor molestia ciudadana, al estar fuera de contexto respecto a la situación económica en la entidad (al igual que los de diputados, funcionarios de primer nivel de instancias gubernamentales y Poder Judicial).
Con base en los datos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado, Javier Mier Mier, tiene un salario mensual bruto de 149 mil 996.5 pesos y una percepción neta de 111 mil 47.78 pesos.
Este monto supera el tope establecido en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 12 de abril, que establece que los funcionarios no deberán percibir más de 108 mil pesos mensuales.
Por su parte, la magistrada María Magdalena Alanís Herrera tiene un salario bruto de 109 mil 159.1 pesos (antes de impuestos), es decir, una percepción neta de 80 mil 892.44 pesos. El magistrado Francisco Javier González Pérez tiene un salario bruto de 109 mil 159.1 pesos, un salario neto de 78 mil 120.08 pesos.
En el caso del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), el consejero presidente Juan Enrique Kato Rodríguez, al igual que los consejeros José Omar Ortega Soria y Norma Beatriz Pulido Corral, tienen un salario bruto de 112 mil 500 pesos y una percepción neta de 78 mil 465.78 pesos.
Las consejeras María Cristina Guadalupe Campos Zavala, Laura Fabiola Bringas Sánchez, Mirza Mayela Ramírez Ramírez y el consejero David Alonso Arámbula Quiñones, tienen ingresos brutos por 112 mil 500 pesos y netos por 70 mil 503.86 pesos.
Sin embargo, no es el único ingreso que tienen, ya que de acuerdo a lo que se evidenció en la pasada comparecencia ante el Congreso del presidente del IEPC, reciben bonos compensatorios por montos que van hasta los tres millones de pesos.
IRREGULARIDADES
Llama la atención que en la tabla de salarios del IEPC publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia está también el caso de una persona con el puesto de Intendente que tiene un salario bruto de 12 mil 900 pesos, mientras que su percepción mensual neta es de 10 mil 386.24 pesos.
Este salario es superior a lo que gana buena parte de los profesionistas duranguenses, ya que el promedio en Durango en este sector de la población es de 10 mil 520 pesos, con base en el reporte más reciente del Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del Gobierno federal.
PERFILAN RECORTE
Al exhibir los gastos excesivos en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y considerar que se debe privilegiar la austeridad, diputados de distintos partidos políticos en el Congreso del Estado coincidieron en la necesidad de reducir el presupuesto de dicho organismo autónomo para el 2020.
En tal sentido, el diputado local Esteban Villegas refirió que es el instituto autónomo que más observaciones tiene en la revisión de su cuenta pública 2018, además de que dijo que los consejeros electorales tienen un salario de 120 mil pesos mensuales, lo que genera molestia ciudadana.
"Ganan más que un diputado, ganan más que el presidente de la república, ganan más que el gobernador y ganan más que los alcaldes. Son temas que sí hay que tocar".
Y aunque reconoció que fueron los propios diputados los que aprobaron dichos salarios en el Presupuesto de Egresos 2019, argumentó que lo hicieron porque era año electoral, "pero el próximo no hay, tiene que haber un recorte de presupuesto".
También dijo que se revisarán todos los órganos autónomos para optimizar los recursos. "Es la primera vez que el IEPC está en la línea de que no se le apruebe una cuenta pública, sería la primera vez en la historia, pero también es la primera vez en la historia que pasan este tipo de observaciones", indicó.
Finalmente agregó que también los fideicomisos se tendrán que revisar ya que se tiene la presunción de que se usaron para ahorrar recursos, generando subejercicio.
