A la memoria de Oscar Pandal, por su grandeza de alma
Los actos sin concesiones en contra de la corrupción merecen apoyo. Más aun cuando es el propio presidente quien emprende la lucha y hace de ella el eje de su gestión. Pero para ser exitoso debe someterse a una dura prueba de limpieza, de neutralidad y de congruencia.
Limpieza pues siempre deberán privar la presunción de inocencia y la transparencia procedimental. Si esto se vulnera las acciones serán vistas, una vez más y con justificada razón, como persecución política. El caso de Rosario Robles es ejemplo de ello. Además, el presidente está obligado a reservar sus opiniones sobre los implicados. No puede expresarse ni en contra ni a favor de nadie bajo sospecha. No ha sido así. El presidente de la República tampoco debe lanzar juicios condenatorios ni exculpatorios desde su tribuna, pues se involucra en un ámbito que sólo pertenece a las instancias de justicia. No puede exonerar a Bartlett o Polevnsky ni señalar a empresarios por su nombre atribuyéndoles desviaciones que no se comprueban. Fue el caso del NAIM y de los gasoductos. No hubo nada y la especulación daño al país.
Si el presidente está decidido a ir tras de todos aquellos sobre los cuales hay sospecha, deberá guardar un estricto protocolo de comportamiento para que, ahora sí, y a diferencia del pasado, dé certeza de que se está procediendo con total apego a la ley y sin otro interés. Son muchos los referentes de irregularidades: de Cassez a Elba Esther Gordillo. Hoy priva el escepticismo, la duda. El debido proceso, incluso como concepto, todavía enfrenta una fuerte oposición cultural de los que piensan que todo se justifica cuando de antemano se cree en la culpabilidad de alguien. Respetar ese protocolo es el mejor escudo de defensa para el Fiscal General y para el propio presidente. Sólo así lograrán un verdadero punto de inflexión en la historia justiciera de nuestro país.
El otro ingrediente insalvable es la congruencia. El presidente está obligado a separar de sus encargos a todos aquellos miembros de su gobierno sobre los cuales ya cae una duda. Una actitud ostensible de tolerancia cero hacia sus colaboradores daría gran credibilidad a sus acciones. No ha sido así. Todavía puede corregir antes de que el juicio público defina sus actos como persecutorios y sesgados. Esto es apenas el inicio, bien vale la pena enmendar. Lo primero sería dejar la mecánica de endilgar corrupción urbi et orbi dañando a las instituciones que tanto necesitamos. Como en todo el mundo, todas las instituciones pueden ser penetradas. La monarquía inglesa y la corona española traen sendos escándalos sometidos a investigaciones y jueces. Los escándalos debilitan a las instituciones, por ello debe ser inobjetable que no se busca dañar a las instituciones sino al contrario, evitar que la manzana podrida extienda su pudrición.
El caso Medina Mora enfrenta al presidente a una coyuntura muy delicada. Desde su designación el hoy exministro fue señalado por su cercanía con el poder y su escasa experiencia jurisdiccional. Hoy debe demostrar que es inocente. Debió de haberse separado del cargo hace meses. Ahora corresponde a las autoridades convencer a la opinión pública con una investigación sin una sola mácula. Además, recordemos que en varias ocasiones durante la campaña, López Obrador denostó a los ministros y en general al Judicial. Pero lo que necesitamos es precisamente un Judicial incuestionable, más fuerte. La integración de la terna es una nueva oportunidad para eliminar sospechas de cercanía y falta de profesionalismo. Sólo así serán creíbles sus acciones y habrá cosecha.
Suspender las generalizaciones sin pruebas en contra de personas grupos o instituciones, protocolos inviolables en sus intervenciones públicas, apego total al debido proceso, congruencia frente a los suyos, eso sí marcaría un cambio en la justicia mexicana y acabaría con la perniciosa duda.
