El hecho, considerado de lesa humanidad por organizaciones de derechos humanos salvadoreñas y ejecutado entre el 13 y el 14 de mayo de 1980, aún sigue impune. (ARCHIVO)
Vilma Mejía recuerda que Margarita Ayala García era pequeña, con el pelo liso y negro, de piel morena clara, era delgada y su cara redonda. Esa es la descripción de una joven humilde asesinada en 1980 por el Ejército en una masacre en el río Sumpul, en el norte de El Salvador, durante la guerra civil.
La voz de Mejía se quiebra al rememorar a unas de las 300 personas, según el Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU, que fueron masacradas o murieron ahogados aquel 14 mayo de 1980 en el río El Sumpul al tratar de huir de los militares que creyeron que colaboraban con la guerrilla.
La mujer de 58 años, sobreviviente de dicho acontecimiento, hoy cuenta la historia de Margarita de 14 años y su testimonio forma parte del libro "Memorias del Sumpul", lanzado recientemente y el cual reúne los relatos de 51 sobrevivientes.
"Margarita murió ahogada en el Sumpul, iba pasándose el río para huir al otro lado (a Honduras), cuando el agua la arrastró. No sé dónde están sus restos, solo sé que se ahogó. Murió junto a sus padres y su hermano tierno (pequeño de seis meses)", relató Mejía a Efe.
Mejía señaló que la joven "no pertenecía a ninguna organización (de guerrilleros), ni su familia; no pertenecía a algo político, pero su familia y ella huyeron por miedo a que los masacraran y al final murieron ahogados en el río".
Las personas, que en su mayoría habitaban en cantones del norteño departamento de Chalatenango, fueron asesinadas en la ribera del río Sumpul, que sirve de límite entre El Salvador y Honduras, por miembros de la Fuerza Armada, en complicidad con el Ejército hondureño, que impidió el paso de los pobladores que intentaban resguardarse en el territorio vecino.
El hecho, considerado de lesa humanidad por organizaciones de derechos humanos salvadoreñas y ejecutado entre el 13 y el 14 de mayo de 1980, aún sigue impune y se desconoce quién o quiénes fueron los que dieron la orden de asesinar a niños, mujeres, hombres y ancianos.
La masacre es recordada con mucho dolor por sus sobrevivientes que incluso perdieron a familiares, como el caso de María Fidelina Menjívar que vio morir a su prima de 15 años, cuyos restos nunca fueron encontrados.
"Ernestina (Guardado) murió el 14 de mayo de 1980, por ir huyendo se tiró al río (El Sumpul) y los soldados le dispararon. Yo fui testigo porque estaba del otro lado (en suelo hondureño), en lo alto de un cerro, mirando lo que hacían los salvados con la gente", contó la mujer de 68 años.
Menjívar recordó que Ernestina "trataba de cruzar el río que estaba crecido (la corriente era fuerte), pero se estaba ahogando y los soldados le dispararon en la cabeza. Murió ella y dos hermanos suyos".
La adolescente, según comentó la sobreviviente, "creía en la organización (guerrillera), no era guerrillera, no sabía, ni imaginaba lo que le iba a pasar".
"Cuando decimos los nombres de las personas que murieron, sentimos que están vivos, porque el cuerpo lo mataron, pero el alma no, por eso es que en nuestros corazones están vivos", expresó.
De acuerdo con el Informe de la Comisión de la Verdad, el operativo militar comenzó el 13 de mayo con una operación "antiguerrillera". Las tropas salieron desde diversos puntos y fueron convergiendo sobre el caserío de Las Aradas, situado a las orillas del río Sumpul.
Las tropas militares atacaron el caserío con artillería y fuego de dos helicópteros, los pobladores y desplazados por el operativo intentaron cruzar el río Sumpul para refugiarse en Honduras, pero el Ejercitó hondureño les impidió el paso, según el documento.
Las masacres en el río Sumpul y en El Mozote (1981), el asesinato de san Óscar Arnulfo Romero (1980) y de seis padres jesuitas (1989) son solo algunos de los hechos atroces cometidos por el Ejército del país centroamericano.
Por los crímenes cometidos en la conflicto armando solo purgan penas de 30 años el coronel Guillermo Benavides, condenado por la matanza de los jesuitas, y José Dimas Valle, cabo de la extinta Guardia Nacional sentenciado por ejecutar a un funcionario local y a dos asesores estadounidenses.
