Por mucho tiempo se ha reconocido al "american dream", como la realización de un gran esfuerzo, para hacer fortuna en los Estados Unidos, mediante el trabajo duro y honesto de cada persona que desea mejorar las condiciones de vida de su lugar de origen, con independencia de su estatus migratorio, raza, sexo, religión o preferencias políticas.
Es entonces la historia de éxito y mérito de toda persona que logra prosperar económicamente, bajo reglas de igualdad de oportunidades para todos. Una fórmula de movilidad social que ha dado muy buenos resultados, en una sociedad que es multiétnica y multicultural, como producto de una política migratoria abierta y flexible, que tuvo como fin recibir a todo migrante apto, trabajador y creativo, que deseaba integrarse a una nueva comunidad, bajo los principios liberales de libertad con igualdad. El pretendido sueño americano, no tiene únicamente una connotación económica, también política.
¿Qué hizo posible que el sueño americano se volviera realidad? Muchos factores, su pacto constitucional, el estado de derecho, el modelo económico, la educación, la geografía, los recursos naturales y de manera señalada en la segunda mitad del siglo XX, las nuevas reglas financieras para estimular la economía de los Estados Unidos y países aliados, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero nada de esto hubiera sido factible sin el adecuado marco legal, que incentivó el traslado e ingreso de diversas personas de distintas latitudes con amplias aptitudes, para buscar fortuna en los EU. La migración también ha sido uno de los factores más importantes para hacer realidad el sueño norteamericano, así que el beneficio ha sido compartido y no sólo para los nacionales.
Aún con toda esta evidencia empírica e histórica de los beneficios que ha dado el modelo para hacer realidad un sueño de trabajo y esfuerzo, la administración del presidente Trump ha impulsado una nueva regulación, llamada "carga pública", que tiene como fin hacer mucho más difícil la obtención de una visa temporal o bien el permiso de residencia legal, limitando con ello oportunidades para todo extranjero que desea entrar o bien permanecer legalmente en los EU. Dicha normatividad entrará en vigor el próximo 15 de octubre, claro, si es que no hay una resolución judicial antes que suspenda sus efectos altamente restrictivos y discrecionales.
Esencialmente, el objeto de esta nueva regla es permitir que los funcionarios consulares, rechacen solicitudes de visas o green cards para permitir la residencia legal temporal cuando, a su juicio, los solicitantes se pudieran convertir en una carga pública para el erario. Con independencia de los criterios a observar para cada aplicante, la disposición otorga facultades discrecionales que pudiesen ser arbitrarias, para permitir el ingreso a los EU.
Para efectos de la ley, los solicitantes se podrían considerar carga pública, después de valorar si pudieran ser dependientes de los programas de asistencia del gobierno federal, entre los que se encuentran los de salud, casa, trabajo y otros subsidios que permitan aminorar una eventual adversidad, de la que nadie está exento en la vida.
Si bien es cierto que esta disposición data desde finales del siglo XIX, también es cierto que la prueba para determinar si alguien puede ser considerado como potencial carga pública, es sobre la base del soporte financiero mínimo con que cuenta al momento de hacer su solicitud. En la nueva disposición se agrega la edad, estado de salud, estatus familiar, activos, recursos financieros, educación y habilidades de los solicitantes. En otras palabras, se reservan el derecho de admisión para que ingresen únicamente migrantes documentados ricos y con estudios, los demás no son bienvenidos, derrumbando con ello el icónico sueño americano que tantas oportunidades de crecimiento ofreció a diversas generaciones de múltiples naciones. ¿Estamos ante el adiós del sueño americano? Depende de lo que digan los jueces federales en los próximos días, o bien, la Suprema Corte, en las próximas semanas.
Twitter: @Jorge_IslasLo
