Los cadáveres de un cementerio municipal en una ciudad del sur de Brasil eran retirados y descartados para facilitar la venta ilegal de tumbas. (ARCHIVO)
Los cadáveres de un cementerio municipal en una ciudad del sur de Brasil eran retirados y descartados para facilitar la venta ilegal de tumbas por parte de una organización delictiva que fue desarticulada este jueves, informaron las autoridades.
La Policía Civil del sureño estado de Paraná comunicó que una operación, en la que se cumplían trece órdenes de captura, 22 de allanamiento y quince de aprehensión de bienes, desmanteló el grupo criminal que comercializaba fraudulentamente los terrenos en el cementerio Sao Lucas, en la ciudad de Ibiporá.
El grupo es acusado de aprovecharse de personas de escasos recursos.
Las personas eran informadas que el cementerio público no disponía de tumbas para el entierro de sus familiares y que por eso deberían comprar terrenos, dentro del propio lugar, que supuestamente pertenecían a dueños particulares.
Según el comunicado de la Policía, el grupo, liderado por el director del cementerio y un concejal de la ciudad, llegó "a retirar cadáveres indebidamente de personas enterradas y después los descartaba en lugares irregulares, impropios".
Entre los bienes que la Policía se incautó están automóviles, inmuebles y equipos de gimnasio que fueron comprados por algunos testaferros del grupo y con los que se espera resarcir a las víctimas del fraude.
Empresarios locales y representantes de dos funerarias, que avalaban la negociación fraudulenta, están entre las personas detenidas en el operativo policial.
Los valores exigidos por la organización delictiva a las personas variaban entre 2.000 y 22.000 reales (entre unos 487,8 y 4.870 dólares).
Las autoridades investigan también denuncias de que el grupo cobraba indebidamente el seguro obligatorio por muerte o invalidez causado en accidentes de tránsito en la ciudad.
Un supuesto abogado se presentaba en nombre de las familias y recibía el dinero, que, según la Policía, muchas veces era usado para el pago de los supuestos terrenos y por los servicios funerarios que eran sobrevalorados.
Los investigados deberán responder por los cargos de organización criminal, lavado de dinero, concusión y vilipendio a cadáver.
