También están pendientes de resolución las demandas de indemnización de los integrantes de los Avispones de Chilpancingo. (ARCHIVO)
A cinco años de los hechos de Iguala, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene pendiente el estudio de más de 10 expedientes relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que van desde la legalidad de la Comisión de la Verdad hasta el pago de salarios a los policías investigados.
De acuerdo con las listas de asuntos de la Suprema Corte, también están pendientes de resolución las demandas de indemnización de algunos de los integrantes de los Avispones de Chilpancingo, equipo de fútbol que resultó afectado durante el ataque a los estudiantes.
En la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena están pendientes cuatro incidentes de imposibilidad de cumplimiento de sentencia tramitados por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y en los que tanto la Presidencia de la República, como el Congreso de la Unión y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), alegaron no poder cumplir con la creación de la Comisión de la Verdad, como ordenó un tribunal federal del estado de Tamaulipas.
Estos asuntos llegaron a la Corte desde octubre de 2018 para que los ministros analicen las sentencias de amparo en las que también se ordenó investigar casos de tortura a los imputados y determinar sobre la eliminación de pruebas obtenidas ilícitamente.
Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió el decreto para crear la Comisión de la Verdad, representantes del Gobierno federal anunciaron que desistirán de los incidentes, pero fuentes federales informaron que los asuntos permanecen en trámite y vigentes en la SCJN porque hasta la fecha no se ha presentado ningún escrito de desistimiento.
Comparece Aguirre ante FGR
El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, compareció este martes por unas cuatro horas ante la Fiscalía General de la República (FGR) para declarar en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre del 2014 en Iguala.
El entonces mandatario perredista, quien solicitó licencia al cargo semanas después de lo ocurrido en Iguala, dijo que “expliqué las acciones que realizó mi gobierno cuando tomamos conocimiento de los hechos”.
Asimismo, se comprometió a comparecer las veces que se requiera. Por otra parte, a su salida de la sede de la FGR en la Ciudad de México, se desmarcó de cualquier relación política, sentimental o de negocios con el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, o con su esposa, María de los Ángeles Pineda.
