Ciudadanos africanos acusaron al Instituto Nacional de Migración (INM) ante Pablo Abráo, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de obligarlos a abandonar el país por la frontera sur y de dejarlos en un limbo legal. (ARCHIVO)
Ciudadanos africanos acusaron al Instituto Nacional de Migración (INM) ante Pablo Abráo, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de obligarlos a abandonar el país por la frontera sur y de dejarlos en un limbo legal.
En una carta fechada el 29 de septiembre por parte de Luis Rey García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana, A.C. de Tapachula, Chiapas, se le solicita a la CIDH, su intervención para que el INM evite “persistir en sus tácticas dilatorias para inhibir” que personas originarias de países africanos continúen su camino hacia Estados Unidos.
Asimismo, acusaron a la delegada del INM en Chiapas, Carmen Yadhira de los Santos Robledo, y a la subdelegada de la Zona Sur, Paola Rodas, de violentar la ley “incrementando el abuso de poder, vejaciones y malos tratos a la población migrante. Sin dejar de señalar que las redes sociales incrementan el odio por medio de mercenarios y sicarios de la información, en que para todo nos culpan, de la invasión de ´su ciudad´ y hasta de lo que hacemos y no hacemos”.
“Pedimos la intervención urgente de esa H. Comisión, a fin de que prevengan al Estado Mexicano y lo exhorte a cumplir con su actual ley y reglamento vigente en materia de política migratoria, ya que no es pretensión de los migrantes importunar la vida social, política o cultural de esta nación, ni mucho menos invadirla; somos pueblos hermanos (…), es en el marco del respeto mutuo que pedimos apoyo a nuestro movimiento de libertad, paz, justicia y equidad”, piden los migrantes.
Desde hace más de cuatro meses, migrantes provenientes de Camerún, Togo, Eritrea, República Democrática del Congo, Guinea Bissau, Marruecos, Angola, Burkina Fasso, Benín, Ghana, República Centroafricana y Senegal, permanecen engañados en territorio mexicano.
“Los migrantes fueron engañados por oficiales del INM que les dijeron, a su llegada a esta ciudad (…) que se entregaran voluntariamente a la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula, y después de un tiempo, saldrían con el oficio para poder viajar”, explican en el escrito.
Esa promesa generó que los migrantes originarios del continente africano se instalaran en el exterior de la estación, “campamento que a la fecha mantienen con casi un millar de personas, en pequeñas “casas de campaña”, en las que sobreviven familias, mujeres, niños, niñas”.
En el escrito detallan que en un censo de hace dos meses se contabilizaron 32 mujeres embarazadas, dos de ellas ya tuvieron a sus hijos, incluso uno de ellos fue nombrado Andrés Manuel López Obrador, en honor al presidente.
Las condiciones indefinidas en las que sobreviven los extranjeros es violatoria de las leyes mexicanas, “reconocen a todos y cada uno de estos migrantes extracontinentales como apátridas, es decir, “sin patria” y esto porque ninguno de los país de donde provienen tiene representación consular en el Estado Mexicano, por lo que esa condición obliga a México a darles residencia permanente, según establece el artículo Tres fracción IV del Reglamento de Migración.
