La Secretaría de Salud, en su Informe sobre la Situación del Consumo de Drogas en México, precisa que en nuestro país existen más de dos millones y medio de mexicanos que han consumido algún un tipo de droga. Asimismo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública revela que el narcomenudeo se ha incrementado en más del 49.06% en el último año.
Las políticas públicas de prevención de adicciones y combate al narcomenudeo implementadas por las anteriores administraciones han fracasado, se requiere una estrategia transversal de corto y mediano plazo, que reconozca la problemática, la nueva realidad ante la inminente legalización del consumo de la marihuana y, sobre todo, acepte que el narcomenudeo es un tema de salud pública, pero también de delincuencia organizada internacional, que está mutando, tornándose día a día más violento y dominante.
Esta mutación del narcomenudeo se perfila hacia las drogas sintéticas. El consumo de esa clase de enervantes, comparado con el de origen vegetal como la marihuana y la cocaína, es bajo, pero con una tendencia creciente. Está penetrando rápidamente en el mercado nacional, porque son baratas, sus componentes se pueden conseguir con facilidad. En laboratorios pequeños se puede fabricar la droga y su distribución es más sencilla, lo que en el mundo se ha llamado microtráfico, por emplear servicios como el correo o empresas de envío de paquetería.
Los cambios constantes en su composición química hacen difícil su identificación, persecución y enjuiciamiento ante el Poder Judicial, ya que se reconstruyen y transforman en forma permanente. La identificación de las sustancias precursoras para su elaboración se vuelve un problema técnico jurídico, porque los tipos penales requieren la comprobación de una conducta idónea y la plena identificación del objeto. Al no identificarse las sustancias, se genera un vacío legal que no permite una acusación y condena para los traficantes. Sirve de ejemplo lo hecho en Argentina, donde el gobierno amplió recientemente la cantidad de sustancias controladas, de 328 supervisadas a 462. Esta mutación del narcomenudeo significa la profundización de redes de corrupción e impunidad de la delincuencia organizada, campo fértil para su fortalecimiento e incursión en otras actividades delictivas como el tráfico de armas y personas, extorsiones y cobro de derecho de piso, obteniendo cada vez más control sobre la actividad económica y política del Estado, ya que al ser drogas sumamente potentes, adictivas y de fácil distribución, incrementan el consumo y garantizan el flujo de recursos soportando su operatividad.
La problemática no es exclusiva de la Federación, corresponde a los estados y municipios combatir la venta directa al consumidor, además de enfrentar el problema de salud pública y prevenir las adicciones. Debemos tener claro que el narcomenudeo es un tema de crimen organizado y es una emergencia de salud pública. Por no criminalizar las adicciones se ha dejado de perseguir el narcomenudeo. Es necesario establecer una política criminal real, redefiniendo los tipos penales y las competencias entre Federación y gobiernos locales.
Para frenar la espiral ascendente de la violencia y criminalidad y, proteger a nuestra juventud de las adicciones, es vital el diseño e implementación de políticas públicas que realmente enfrenten el problema en todas sus vertientes. Así, los mexicanos recuperaremos la seguridad y la paz a la que tenemos derecho.
