El consejo de administración de la empresa paramunicipal de aguas de Torreón, el Simas, ha definido su proyecto de aumento de tarifas para el próximo año.
La propuesta fundamentalmente está basada en una diferenciación en cuanto a las costos que se ofrecerían en el plano de servicio que se presta a las casas habitación de la ciudad. La intención es generar tres escalones de precios: colonias populares, media y residencial.
A la primera se tiene una propuesta de aumentarles el 5 %; la segunda, un 6 %; y a las residenciales endilgarles un incremento de hasta el 7 %. En el caso de las tarifas para el uso industrial, comercial y de servicios la propuesta es incrementar los precios en un 5 %.
Inicialmente, el proyecto de incremento para el segmento habitacional era subirle a los que se clasificarían como populares un 5 %, lo cual quedó de la misma forma en la definitiva. En cuanto a los que se catalogarían como vivienda media se había proyectado una subida de 15 %; y a la residencial hasta un 25 %. En cuanto a lo que respecta a los cobros industriales, comercio, servicios y servicios varios las primeras proyecciones eran de 20 % las primeras dos enunciadas, y de un 13.5 y 7.5 % para las restantes dos, en su orden respectivo.
De cualquier forma, para que se incrementen las tarifas, el consejo de Simas debe someter su propuesta primero al Cabildo de Torreón y después a la última instancia correspondiente para estos temas, que es el Congreso coahuilense.
De lectura rápida, por supuesto que genera coraje como consumidor lo que los funcionarios operativos del Simas Torreón pensaron que podrían incrementar sus tarifas. Imaginar incrementos por arriba de dos dígitos es un crimen cuando se trata de una empresa monopólica estatal, y hacerlo en el sector privado es casi un suicidio en estos tiempos de recesión económica de facto.
Sin embargo, el Simas Torreón, como al resto de sistemas de suministro de agua de todos los municipios, ha sufrido en carne propia lo que líneas arriba ya se describía como un crimen: sufrir incrementos de tarifas por arriba de dos dígitos por un servicio que presta un monopolio. En este caso específico, el Simas de Torreón, como el Sideapa de Gómez Palacio o el Sapal de Lerdo, por hablar de las tres ciudades más pobladas de La Laguna, fueron castigadas tal como casi todo el resto de la población en general por los incrementos descomunales que aplicó la Comisión Federal de Electricidad desde el último año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y todo lo que va de este recién estrenado sexenio autollamado como de la Cuarta Transformación.
El argumento que la monopólica Comisión Federal de Electricidad arguyó para explicar el disparo en sus costos fue el incremento a nivel mundial que sufrieron los hidrocarburos, teniendo el precio del barril de petróleo como base, que ciertamente sufrieron incrementos considerables.
Además de ello, el manejo de las finanzas del gobierno de Peña entregó en 6 años una devaluación del peso mexicano ante el dólar estadounidense de alrededor de 50 por ciento.
Con esos elementos, entre el incremento del precio internacional de barril tasado en dólares y la propia depreciación de nuestra moneda, México tuvo que pagar entre 40 y 50 % más en pesos para comprar los carburantes necesarios para generar la electricidad. El problema es que el Gobierno anterior trasladó directamente el aumento a los consumidores, lo que resulta injusto porque no es el único costo que tiene CFE, pero como es monopólica puede hacer lo que quiera.
Parecido el caso de Simas, el fluido eléctrico le significaba a inicios de 2018 el 22 % de todo su ingreso. Cuando la Comisión incrementó a su antojo, Simas de cada peso que recibía tenía (tiene) que pagar por concepto de luz hasta el 50 %. Su margen de maniobra se reduce, o más directo: la Comisión Federal de Electricidad lo conduce a la insolvencia; no queda de otra más que actualizar tarifas.
Sin embargo, siempre hay espacios para ajuste en la operación del Simas y en general de casi todas las dependencias de los Gobiernos, por lo que hay que exigir que se opere con mayor eficiencia.
Por otro lado, obligar a que la población pague tarifas reales por el agua es un paso hacia la obligatoriedad natural al ahorro y conservación del vital líquido. El problema es que mientras los habitantes de las ciudades cuidamos los litros, en el campo los ejidatarios y los privados malgastan los metros cúbicos.
