La Policía de Tamaulipas reportó que el 5 de septiembre sostuvo un enfrentamiento con integrantes del Cártel del Noreste, en el que murieron cinco hombres y tres mujeres, en la colonia Valles de Anáhuac, en Nuevo Laredo. (ESPECIAL)
La Policía de Tamaulipas reportó que el 5 de septiembre sostuvo un enfrentamiento con integrantes del Cártel del Noreste, en el que murieron cinco hombres y tres mujeres, en la colonia Valles de Anáhuac, en Nuevo Laredo.
Sin embargo, Raymundo Ramos, titular del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), denunció el pasado martes que la Policía de Tamaulipas practicó una ejecución extrajudicial en el lugar.
¿Qué dicen los familiares de las supuestas víctimas?
El titular del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) indicó que los testimonios de Kassandra, Azucena (familiares) y el chofer de una grúa, además de videos comprueban que en ese lugar no hubo tal enfrentamiento, sino un montaje de la policía estatal y del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET).
"Una jovencita de 18 años, de nombre Kassandra, nos relata que esa mañana estaba con su papá y una niña de dos años durmiendo, cuando alrededor de las siete de la mañana llegaron policías estatales, allanaron el domicilio, los torturaron, y al papá lo obligaron a vestir ropa tipo militar, botas, un casco y lo esposaron", relató.
A la joven la golpearon y la amenazaron de muerte si denunciaba los hechos y, presuntamente, le perdonaron la vida por el hecho de tener en brazos a su hija. La joven asegura que su padre era trabajador de una empresa de refrescos.
También familiares de otras víctimas se acercaron para acusar que estas personas fueron sacadas de su domicilio en otros puntos de la ciudad -una en la calle 68, de la colonia Héroe de Nacataz y otra en avenida Jesús Guajardo- y se las llevaron a Valles de Anáhuac en vehículos tipo pickup blindados y otros particulares tipo Suburban o Tahoe.
Raymundo Ramos detalló que durante el recorrido que hicieron de la calle 68 a avenida Siete, encontraron un video que muestra un convoy de patrullas de la Policía Estatal y del Ejército que iban con una grúa arrastrando un vehículo pickup color negro marca Tundra.
"Posteriormente, este vehículo apareció acomodado en el domicilio donde encontraron a estas ocho personas ejecutadas. [El chofer de la grúa] nos explicó la ruta que siguió y nos pidió protección por temor a represalias por haber declarado", señaló.
Las autoridades responden
Tras las versiones de Ramos y los familiares de las personas fallecidas, la Procuraduría de Tamaulipas informó que "las circunstancias de estos acontecimientos están siendo investigadas para determinar la forma en que sucedieron los mismos".
Ayer miércoles, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas planteó que la Fiscalía General de la República (FGR) podría atraer la investigación sobre la denuncia realizada por una organización de Derechos Humanos en Nuevo Laredo por el presunto montaje y ejecución extrajudicial por parte de policías estatales el pasado 5 de septiembre, el cual dejó un saldo de ocho personas muertas.
Encinas Rodríguez aseguró que el gobierno federal no tolerará ejecuciones extrajudiciales, por lo que es necesaria una investigación a fondo para deslindar responsabilidades.
"Hay que hacer una investigación a fondo de los hechos. El gobierno federal de ninguna manera va a tolerar ninguna práctica como la ejecución extrajudicial y deben deslindarse las responsabilidades".
Esta mañana de jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó un "castigo ejemplar" si se comprueba la ejecución extrajudicial en presuntos criminales operativos en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Cuestionan al activista
Sin embargo, la labor del activista Raymundo Ramos ha sido cuestionada y sus detractores acusan que tiene vínculos con el crimen organizado.
Según versiones periodísticas del 2018, en una investigada de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Ramos fue señalado por Ramiro Pérez Moreno, "El Ramas" y líder de los "Zetas" en Tamaulipas, de recibir pagos semanales para realizar denuncias en contra de las fuerzas armadas.
Ramos, por su parte, ha acusado persecución en su contra por dichas denuncias y por su labor como activista.
