Miles de víctimas por homicidio doloso, decenas de miles huyendo de sus terruños por las extorsiones, maltrato reiterado a las mujeres, robos a granel, actos de corrupción en todos los órdenes de gobierno y amparados por todos los signos partidarios. La madeja es tal que el ánimo se quiebra. El estado de derecho no funciona.
Pero la expresión nos dice todo y nada a la vez. La capacidad para imponer el orden, enforcement en inglés, es nula o casi. Ya estamos acostumbrados a que nada ocurra después de un ilícito. Se llama impunidad y nos ahoga. Ella es causa y no mera consecuencia. Donde hay impunidad habrá corrupción, extorsión y violencia. Las soluciones mágicas como la Guardia Nacional o los llamados presidenciales a "portarse bien" de poco sirven. Los porqués de la incapacidad de los sistemas de justicia locales son muy evidentes. Vayamos a los básicos.
IMPUNIDAD/CERO (I/0) presentó su tercer reporte sobre el desempeño de fiscalías y procuradurías. Aclaro, presido a mucha honra, el Consejo de notables de I/0 como una actividad filantrópica. Conclusión después de tres años, nada hay en el pasado qué rescatar. El Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) ya rinde mejores resultados que el sistema inquisitivo. El promedio nacional de eficiencia se duplicó. Ya hay varias lecciones o historias de éxito, pero el panorama general sigue siendo desolador.
Generalidades- Descargar al SJPA de delitos menores facilita su concentración en los de alto impacto. Los recursos son limitados. De las entidades destaca Yucatán ligeramente por arriba del 50% de los valores óptimos. El aumento en Sonora de Ministerios Públicos trajo claros beneficios en la entidad. Michoacán escaló 12 posiciones pues mejoró en los ocho indicadores de la investigación conducida por Guillermo Zepeda y Paola Jiménez. Ya hay 28 fiscalías que en teoría realizan un trabajo autónomo. Las explicaciones del caos deben buscarse más allá de la autonomía. El predominio en el enfoque de seguridad pública provoca un descuido en la procuración de justicia.
Abismos- Ministerios públicos por cada 100 mil habitantes: Chihuahua 25.1, Puebla 2.8; presupuesto per cápita, CDMX 740 pesos contra Tlaxcala 106; carga de trabajo, expedientes en promedio por investigador o MP, Baja California 365, Nayarit 23.8; minutos empleados para denunciar un delito, Durango 80, Tlaxcala 238; porcentaje de ciudadanos que confía mucho en el MP, Yucatán 20.4%, contra 2.7% en CDMX; efectividad en asuntos penales, Nayarit 40.2% contra 6.3% en Guerrero.
Lecciones- No basta más presupuesto para obtener confianza ciudadana, ver CDMX. No basta más MMPP para lograr efectividad, ver Chihuahua. Sólo si se atienden todas las variables la entidad mejora: carga de trabajo, minutos en la denuncia, disminución de los delitos de bajo impacto en el esfuerzo institucional, concentración en los delitos de alto impacto, (horroriza que los homicidios dolosos tengan un 89.5% de impunidad), más y mejores investigadores y juzgadores con relación al número de delitos denunciados, confianza ciudadana para abatir la cifra negra.
Sólo enfrentando todo a la vez, se quiebra el círculo vicioso. No se denuncia por desconfianza, un investigador poco preparado, una investigación insostenible, defrauda a la ciudadanía y pone al juzgador contra la pared. Es imprescindible mejorar las condiciones de trabajo de investigadores y juzgadores para que estos puedan realmente hacer una carrera en las fiscalías, en los judiciales. 106 pesos por ciudadano son una burla. Se requieren presupuestos estables para las fiscalías, como porcentaje del PIB, por número de habitantes o casos. La justicia no debe ser una mercancía política. Al hartazgo e impotencia sigue la justicia por propia mano. La CNDH reportó para el 2018 un incremento del 190% de los linchamientos. La barbarie ya vive entre nosotros. Más claro imposible.
Arrinconar la impunidad sería la mejor inversión para México.
