Un juez federal ordenó a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que se pronuncien sobre diversas denuncias que recibieron contra las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado por violar la Constitución. (ARCHIVO)
Un juez federal ordenó a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que se pronuncien sobre diversas denuncias que recibieron contra las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado por violar la Constitución.
El juez Segundo de Distrito en materia Administrativa en el estado de Nuevo León admitió a trámite una demanda de amparo en la que concedió una suspensión provisional para que Segob, a través de la Dirección de Asuntos Religiosos, y la Cofece estudien las denuncias presentadas contra dicha asociación religiosa a quien se acusó de realizar actividades económicas a pesar de estar impedida por la Constitución.
Fuentes allegadas al caso informaron que de acuerdo con la demanda de amparo, la asociación Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado es propietaria del Sistema de Salud Christus, que cuenta con casi 60 hospitales en Chile, Colombia, Estados Unidos y México.
Esto, indica la demanda, está prohibido por mandato constitucional, pues los hospitales Christus Muguerza son privados y no sólo operan mediante los donativos que recibe la congregación religiosa.
Por ello, fueron presentadas las denuncias ante la Segob y la Cofece, instituciones que hasta el momento no se han pronunciado.
La suspensión provisional concedida por el juez de Nuevo León establece que ambas instancias deben responder a los denunciantes si darán entrada o no a sus quejas.
Esta no es la primera vez que los hospitales Christus Muguerza están involucrados en un litigio.
En abril pasado, el caso de incomunicación y malos tratos cometidos por parte de personal de la sucursal Conchita, del Christus Muguerza en Nuevo León, en contra de una de sus pacientes que murió por negligencia médica, fue enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En su queja, un familiar de la paciente acusó al Estado mexicano de no evitar los agravios cometidos contra la misma y no sancionar al hospital porque ha incumplido con resoluciones que le ordenan reparar integralmente el daño a las víctimas de estos hechos ocurridos en el año 2015.
También, la sucursal de Monterrey tuvo un caso de negligencia médica que recientemente fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los hechos ocurrieron hace 20 años cuando la entonces menor de edad, Johanna Fisher Garza, quedó cuadrapléjica.
A pesar de que la única mujer que había sido detenida por el asunto confesó haber alterado el expediente clínico de la joven por órdenes de sus superiores, la Corte determinó que el asunto prescribió y la familia afirma que no obtuvo justicia.
