Frank Caprio es juez municipal en Providence, Rhode Island.
Es famoso en Estados Unidos por el programa de televisión llamado Caught in Providence, que retransmite las audiencias que llegan a su corte.
Recientemente, una de ellas se hizo viral en las redes sociales. Se trató de la comparecencia de Víctor Coella, un estadounidense de 96 años que fue multado por rebasar la velocidad permitida mientras conducía su auto en una zona escolar.
Tras escuchar los alegatos, el juez descubrió que la razón por la que había excedido los límites de velocidad se debía a que estaba conduciendo para llevar a su hijo de 63 años de edad a que se le realizaran análisis de sangre debido a que padece cáncer.
Durante esa audiencia oral, en cuestión de minutos, el juez resolvió perdonar la multa y cerrar el caso.
En la actualidad, el derecho administrativo se aplica para resolver conflictos que surgen de manera cotidiana entre las autoridades encargadas de la administración pública y los ciudadanos. Los casos están relacionados con actividades del ámbito municipal, tributarias, de protección al ambiente, entre otras. No obstante, existe un problema de eficacia en la justicia administrativa para resolver si estuvo bien aplicada o no una multa al conductor que infringió el reglamento de tránsito, la clausura de un establecimiento comercial, la inconformidad con el requerimiento de pago de un impuesto, o el otorgamiento de un permiso para construir un edificio con el que no están de acuerdo los vecinos.
En mi opinión, los procedimientos administrativos o judiciales para resolver estos problemas no son prontos ni expeditos. Predominan los escritos y los recursos para alargar la ejecución de las sentencias, pero lo más importante es que los jueces que resuelven los conflictos administrativos se perciben cada vez más distanciados de los ciudadanos a quienes imparten justicia. En materia penal, los jueces ya se encuentran frente a las víctimas y acusados cuando resuelven después de haberlos escuchado. Con las reformas en materia laboral, ese es el futuro próximo. ¿Sería posible hacer algo similar en materia administrativa?
Es cierto que han existido reformas en materia administrativa con el objetivo de agilizar los procesos y la impartición de justicia. Además de los juicios tradicionales, existen juicios en línea desde 2011 que representan una herramienta útil para resolver con prontitud los conflictos.
Actualmente, estos últimos enfrentan retos como la vulnerabilidad de los sistemas electrónicos, la constante necesidad de actualizaciones de plataformas electrónicas o la falta de acceso al internet por buena parte de la ciudadanía en México.
En resumen, no han sido suficientes para atender la demanda de los millones de casos, aunado al sentir de la opinión pública sobre el desconocimiento de sus jueces y la falta de entendimiento de sus resoluciones.
La implementación de los juicios orales en materia administrativa ya inició en algunas entidades federativas, como Nuevo León, bajo los principios de oralidad, inmediación y celeridad. A reserva de evaluar la pertinencia de implementarlo de manera plena en todas las fases, opiniones de juristas calificados señalan que la oralidad podría comenzar con juicios que involucran aspectos de cuantía menor, como el cobro de algunos servicios o multas de tránsito.
En lo que parece no haber discusión es en la relevancia de terminar con un proceso marcadamente formalista, lento y complejo.
En el ejemplo, el juez Frank Caprio parece ser justo y eficaz. El escritor francés Jean de La Bruyère apuntaba que “una cualidad de la justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia”.
Es momento de implementar varias estrategias para hacer más pronta y expedita la justicia administrativa en México; una de ellas, los juicios orales.
Consejero de la Judicatura Federal
