En 2016 no hubo elecciones en Coahuila. Ni locales ni federales. Sin embargo las finanzas del estado, de acuerdo a los datos consignados en la Cuenta Pública de ese año, sí registraron gastos en materia electoral. Sumaron 191.7 millones de pesos.
El monto anterior significa más de medio millón de pesos por día. Eso sin haber habido comicios. Las dos entidades públicas que erogaron esas cifras millonarias fueron el Tribunal Electoral del Estado, con 18.8 millones de pesos, y el Instituto Electoral de Coahuila 172.9 millones. Aunque ha de decirse que en ese año, no electoral, este Instituto pagó con cargo a su presupuesto el financiamiento público estatal a los partidos.
El año siguiente, que fue 2017, sí hubo elecciones en Coahuila y sólo fueron locales. Fueron para todos los cargos de elección popular posibles: gobernador, 25 diputados locales y los integrantes de los 38 ayuntamientos del Estado. En ese año el gasto estatal en materia electoral ascendió a 430.4 millones de pesos.
Llama la atención dicho monto. No sólo por haber resultado superior en 239 millones de pesos al del año previo, se supone que explicable por todo lo que implica organizar y llevar a cabo los procesos electorales, cada vez más complejos. En fin, de un año para otro el gasto electoral registró en Coahuila un incremento del orden de 125 por ciento. Por donde se le quiera ver, se trata de un aumento descomunal.
Luego, en 2018, en el ámbito local sólo hubo comicios para renovar los 38 ayuntamientos electos un año antes, con los cuales se reinstauró en éstos su tradicional periodo trianual, en lugar del cuatrianual vigente durante varias administraciones; pero lo más importante: que a partir de los ayuntamientos hoy en funciones su renovación se llevará a cabo cada tres años, justamente coincidiendo con la fecha en que se celebren las elecciones federales.
Fue dicha elección local -la de ayuntamientos- la que se escogió en Coahuila para hacerla concurrente con las federales trianuales. Con ello se dio cumplimiento al mínimo ordenado a partir de 2015 por el artículo 116 constitucional, que en su fracción IV dispone que al menos una de las tres elecciones estatales ha de estar empatada con las federales. Pero bien pueden ser las tres, como ya lo han decidido varios estados de la República. Y debe hacer lo propio Coahuila.
Pues bien, en 2018 Coahuila sólo tuvo elección de ayuntamientos. Hubo también comicios federales, aunque el costo de éstos con cargo al gobierno estatal es marginal o de plano nulo. Como quiera en 2018 el gasto electoral del estado ascendió a casi cuatrocientos (394.8) millones de pesos.
Así, con los datos correspondientes a los últimos tres años, de 2016 a 2018, es posible llegar al menos a un par de conclusiones en la materia que nos ocupa. La primera, que en un año de elecciones (como fue 2017) el gasto más que se duplica, pues resultó 125 por ciento superior al previo, 2016, que no fue electoral. Las elecciones pues cuestan a los contribuyentes. Y ciertamente no cualquier cosa.
A otra conclusión interesante nos permite llegar la comparación de lo gastado en dos años electorales, por cierto consecutivos, como fueron 2017 y 2018. En el primero los comicios fueron para todos los cargos de elección popular y en el segundo sólo para ayuntamientos. Resulta que la diferencia entre ambos es realmente mínima. Es de escasamente 35 millones de pesos, es decir, la diferencia entre 430.4 millones de pesos en 2017 y 394.8 millones en 2018.
Del anterior razonamiento se desprende que cuando en una misma jornada se celebran dos -y mejor aún, como en 2017 las tres- elecciones locales, se obtienen ahorros presupuestales nada despreciables. En 2017 cada una de las tres elecciones requirió en promedio un gasto de ochenta (79.6) millones de pesos, y en 2018 sólo la de ayuntamientos exigió más de doscientos (203.1) millones de pesos. Hay una diferencia de poco más de 123 millones de pesos por cada proceso, entre cuando va simultáneo y cuando va solo y separado de las otras dos elecciones.
En esa línea de argumentación, por supuesto válida, si en Coahuila en lugar de tener ocho procesos electorales en una década se tienen sólo tres, las economías presupuestales andarán entre 620 y 800 millones de pesos, naturalmente a valor presente.
Así sea en una década, ¿es poco o es mucho un ahorro presupuestal de 800 millones de pesos? Para tener idea se su magnitud en términos de gasto público, procede decir que equivalen al 80 por ciento del presupuesto anual del Poder Judicial. O al 40 por ciento del presupuesto en salud. O a un tanto y medio el presupuesto del DIF estatal.
O bien a cinco veces el presupuesto del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. O buenos esos 800 millones de pesos para construir dos mil aulas tipo I con minisplit o mil quinientas canchas deportivas de usos múltiples. O para la adquisición de 941 patrullas, o para aumentar en un 30 por ciento la inversión en obra pública.
No es pues un ahorro menor. En especial si se considera que se trata de un estado como Coahuila, objeto de tremendo saqueo de sus finanzas en los últimos doce años.
