El informe estipula que el 94.1 % de las víctimas son hombres y el 5.9 % son mujeres, principalmente con edades entre los 18 y 24 años de edad. (ARCHIVO)
Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador ejecutaron al menos a 116 personas entre los años 2014 y 2018, según un informe de la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, dado a conocer este martes.
Este es el primer documento elaborado por una instancia estatal en el país centroamericano que da cuenta de un patrón de ejecuciones extrajudiciales atribuidas al cuerpo de seguridad, fenómeno denunciado constantemente por las organizaciones sociales y las Naciones Unidas.
El documento da cuenta de 48 casos que reúnen las 116 ejecuciones extrajudiciales mejor documentadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en el referido lapso.
De acuerdo con Caballero, el estudio deja ver un patrón de uso excesivo de la fuerza, plantea la necesidad de una depuración del cuerpo de seguridad y de la creación de una política criminal integral que aborde estos hechos.
"Tienen que funcionar las instituciones de tal manera que los responsables de estos hechos se lleven ante la Justicia", subrayó Caballero.
El informe estipula que el 94.1 % de las víctimas son hombres y el 5.9 % son mujeres, principalmente con edades entre los 18 y 24 años de edad.
No obstante, el documento señala con "extrema preocupación la ejecución extralegal de 28 personas menores de 18 años", incluido un adolescente de 13 años de edad.
De acuerdo con la PDDH, el 46.6 % de las ejecuciones se dieron en hechos múltiples, con al menos 4 víctimas, y el 36.2 % en masacres con al menos cinco personas asesinadas simultáneamente.
Según la procuradora adjunta para Migrantes y Seguridad Ciudadana de la PDDH, Beatriz Campos, la mayoría de estas muertes fueron atribuidas por las autoridades policiales a enfrentamientos armados con supuestos pandilleros.
No obstante, Campos señaló durante la presentación del informe que "los indicios contradicen la versión del enfrentamiento armado y apuntan a que las víctimas fueron ajusticiadas cuando ya habían sido sometidas".
Añadió que al menos una tercera parte de las personas ejecutadas fueron torturadas previamente por los agentes de la Policía.
Campos apuntó que las ejecuciones fueron perpetradas principalmente por agentes de elite y que las víctimas sufrieron "maltrato policial, detenciones arbitrarias, acoso sistemático y hasta amenazas de muerte", por lo que se pueden considerar hechos selectivos.
Lamentó que en los procesos de recolección de pruebas tras los supuestos enfrentamientos participan los agentes involucrados.
"Muchas veces se ha evidenciado que la escena puede estar contaminada, que los cadáveres pudieron ser movidos del lugar", sostuvo.
El estudio contó con la financiación de la organización Servicio Social Pasionista (SSPA).
Según Verónica Reyna, miembro del SSPA, los casos estudiados cumplieron los criterios de contar con mayor información, entrevistas, diversas fuentes consultadas y una autopsia oficial.
Añadió que todos los casos se registraron durante la Administración de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), período en el que identificaron un incremento en el uso excesivo y letal de la fuerza.
