Al parecer ya hay un acuerdo preliminar entre el gobierno mexicano y cuatro empresas privadas de gasoductos que permitiría destrabar el ducto marino del sur de Texas a Tuxpan. Un artículo del Wall Street Journal sugiere, sobre la base de entrevistas con fuentes no reveladas cercanas a las negociaciones, que la Comisión Federal de Electricidad pagaría una cantidad mayor por el gas de lo previsto, pero al final lograría un ahorro de 600 millones de dólares. La nota señalaba que ayer habría una nueva reunión y que el acuerdo podría darse a conocer hoy.
Más que echar a andar un gasoducto que aumentará en 40 por ciento la oferta de gas natural en México, la negociación es importante porque busca borrar la idea de muchos empresarios de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el que canceló el aeropuerto de Texcoco y desconoció los contratos sobre los gasoductos, no cumple con los compromisos firmados con empresarios. Descartar esta idea es indispensable para tener nueva inversión privada.
Un acuerdo con las empresas de gasoductos, que tuvieron confianza en los acuerdos firmados por el Estado mexicano en años anteriores, sería un paso en la dirección correcta. En el mismo sentido está la creación de un nuevo consejo de empresarios privados para el tema de energía. El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, señaló el 23 de agosto en Monterrey, en la Expo-Pyme de CAINTRA en Nuevo León, que el presidente ha reconocido que no ha tenido "una política energética clara". Romo parafraseó las palabras del mandatario: "Tengo que aceptar que lo que yo creía que era la solución, no lo es. Tengo que aceptar que hay muchas tecnologías que no sabía que existían, y para eso voy a formar un comité entre el sector público y el sector privado, para que me ayuden a definir la política energética". Según Romo, esta "es la primera vez que en un tema tan sensible como es la energía se forma un grupo interdisciplinario entre el sector privado y el gabinete de energía, para definir a dónde queremos llegar en los próximos años".
Las cifras disponibles muestran una fuerte disminución de la inversión en México. La inversión fija bruta cayó 6.9 por ciento en los 12 meses concluidos en mayo de este 2019, con un desplome de 8.3 por ciento en construcción y 5 por ciento en maquinaria y equipo (INEGI). La inversión extranjera directa bajó 15.2 por ciento entre el segundo trimestre de 2018 y el mismo período de 2019 (Banxico). El valor real de producción de las empresas constructoras descendió 7.8 por ciento en los 12 meses concluidos en junio de 2019 (INEGI). Son cifras pésimas, aun para un inicio de sexenio.
El gobierno puede incrementar su inversión en los próximos meses en proyectos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, pese a las dudas sobre su rentabilidad. La inversión pública, sin embargo, no es suficiente para impulsar un crecimiento suficiente. En el primer trimestre de 2019 la inversión pública representó 2.7 por ciento del producto interno bruto, mientras que la privada fue de 18.9 por ciento (mexicocomovamos.mx).
Si el gobierno no recupera la confianza de los empresarios, será imposible alcanzar un crecimiento de 4 por ciento anual en el sexenio; y, sin crecimiento, el desarrollo es imposible. Por eso son tan importantes los acercamientos con las empresas privadas.
ACTO DE CORRUPCIÓN
Mientras que el presidente López Obrador y Alfonso Romo se acercan a los empresarios, otros funcionarios, como los titulares de Salud y Medio Ambiente, Jorge Alcocer Varela y Víctor Toledo Manzur, evitan las reuniones con ellos. Ver a empresarios es, para los ideólogos, un acto de corrupción en sí.
Twitter: @SergioSarmiento
