En un momento en que personalidades como Mario Molina hacen llamados para reducir el uso de combustibles fósiles y combatir el calentamiento global, una empresa está buscando construir una generadora eólica en Baja California Sur. El proyecto está planteado para un ejido en el kilómetro 40+200 de la carretera transpeninsular Benito Juárez. Eólica Coromuel tramitó y obtuvo un manifiesto de impacto ambiental. Pero como el proyecto no es de los que está impulsando el gobierno federal, o quizá porque no implica talar selvas o manglares o utilizar combustibles altamente contaminantes como el carbón, se encuentra detenido en la oficina local de la Semarnat.
Baja California Sur, me dice Luis Manuel Guerra, el químico Guerra, un especialista en temas ambientales, "está aislada del sistema interconectado nacional y actualmente obtiene su electricidad, en las tres zonas eléctricas en las que está dividida (Constitución, La Paz y Los Cabos), en 47 por ciento de combustión interna (muy contaminante), 21 por ciento térmica convencional (contaminante) y 32 por ciento turbogás".
El proyecto de Coromuel aportaría alrededor de un 10 por ciento de la energía que necesita Baja California Sur, algo muy importante en un estado que sufre apagones constantes y que no cuenta con un suministro adecuado de gas. "Las alternativas de llevar electricidad por un cable submarino (que costaría 30 mil millones de dólares) o gas natural por buques tanque son remotas y no se contemplan a corto plazo", comenta el químico Guerra.
Después de cinco años de mediciones, la empresa encontró un lugar ideal para la instalación en las estribaciones de la sierra de los Filos. Elaboró y obtuvo la manifestación de impacto ambiental y llegó a un acuerdo, cosa nada fácil, con el ejido Alfredo V. Bonfil. Los ejidatarios recibirán 20 mil pesos mensuales por cada aerogenerador durante 30 años. Las tierras son "de agostadero, semidesérticas, donde actualmente no se cultiva nada".
El proyecto contempla la instalación de 25 turbinas de última generación que producen cada una 2 megavatios. La capacidad total sería de 160 gigavatios (millones de millones de vatios) al año. Con esta energía, el estado superaría su déficit de energía.
A pesar de que el proyecto ya tiene el manifiesto de impacto ambiental, no cuenta con la autorización definitiva. Se necesitan 12 meses desde esta aprobación hasta la entrada en operación del proyecto. Toda la inversión será de la empresa privada. No se requieren subsidios ni del gobierno municipal ni del estatal. La empresa venderá la electricidad a la CFE a un precio menor, garantizado contractualmente, al que la Comisión cobra a los municipios.
El proyecto se encuentra dentro del municipio de La Paz y tiene el apoyo del alcalde Rubén Muñoz, pero está detenido en la oficina de la delegada estatal de Semarnat, Daniela Quinto, una joven veracruzana, ex militante del Partido Verde, que en abril fue designada para ocupar esa responsabilidad en BCS. Quizá le preocupa que los aerogeneradores se roben el aire de los indígenas, pero mientras tanto el estado sigue sufriendo apagones, generando electricidad de manera contaminante y los ejidatarios están dejando de recibir el recurso que pactaron con la empresa.
GRUPOS ARMADOS
Un Estado que abdica del monopolio del uso de la fuerza está condenado a desmoronarse. Por eso el Gobierno mexicano no puede permitir la presencia de grupos armados en el país. Ni las autodefensas ni las organizaciones criminales deben tener autorización para portar armas de uso exclusivo del ejército, ni a usar la fuerza para imponer sus propias leyes o intereses a los demás.
Twitter: @SergioSarmiento
