La prisión preventiva decretada en contra de Rosario Robles Berlanga, por el Juez Federal que conoce del caso denominado la Estafa Maestra, pone a prueba tanto al Gobierno Federal, como al sistema de Justicia Penal que opera en nuestro país en su conjunto.
La decisión no deja de sorprender, porque ocurre teniendo como precedente una expresión de López Obrador, quién ya ungido como presidente electo, al ser cuestionado sobre el caso específico de Rosario Robles, aseguró que su gobierno no perseguiría chivos expiatorios.
Sea que el proceso seguido en contra de Robles, se perciba como un esfuerzo de justicia sin sesgos políticos, o redunde en un simple ajuste para fines de escarmiento y control, en contra de los protagonistas del viejo régimen, el hecho levanta ámpula. Lo anterior, porque de algún modo el decreto de prisión preventiva es decir, la orden de encarcelamiento aún antes de que se determine la culpabilidad de la acusada, contradice el principio recién acariciado como aspiración de la justicia mexicana, según la cual una persona es inocente, mientras no se demuestre lo contrario.
En contrapartida, algunos antecedentes hacen de Rosario la acusada perfecta, entre los cuales está el hecho de que la carpeta de investigación inició el pasado sexenio, a raíz de un trabajo periodístico que condujo al descubrimiento de una red de corrupción de tan grandes proporciones, que obligó a intervenir desde aquel entonces, a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública.
La carrera de Rosario Robles ha sido de violentos altibajos, fuertes contrastes y sorpresivos golpes de timón. Formó parte del pié fundador del Partido de la Revolución Democrática al Lado de personajes como Lázaro Cárdenas, López Obrador y Porfirio Muñoz Ledo; en 2002 se encumbra en la dirigencia nacional del PRD, para renunciar en 2004 e incorporarse al equipo de Enrique Peña Nieto en 2012.
Es la primera mujer designada Jefa de Gobierno del entonces Distrito Federal en el año 1999, a raíz de que el titular en aquella época Cuauhtémoc Cárdenas, lanzó su candidatura a la presidencia de la República por el PRD. Su gestión en el gobierno de la Ciudad de México, quedó manchada por el escándalo al que la condujo su asociación con el empresario Carlos Ahumada.
En el gobierno de Peña Nieto, la Robles ocupa sucesivamente la cartera de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, (Sedatu). En ambos casos a su paso por ambas dependencias, florecen sendas estructuras de corrupción en base a un mismo patrón, en virtud del cual se drenan masivamente recursos públicos hacia universidades que operan como puentes hacia ciento veintiocho empresas fantasmas, mediante contratos celebrados sin previa licitación y en la más completa opacidad.
Existen diversas versiones respecto a la cantidad del daño patrimonial en perjuicio de los mexicanos ocasionado por la Estafa Maestra, pero el cálculo más alto, llega a siete mil seiscientos setenta millones de pesos. La cantidad no es nada del otro mundo para los coahuilenses, que cargamos sobre nuestras espaldas una deuda de cuarenta mil millones de pesos, producto de la gestión de los gobiernos del moreirato, que hasta la fecha no han dado una mínima explicación, sobre el paradero de al menos dieciocho mil millones de pesos.
Los ciudadanos de Coahuila seguimos esperando justicia, y en relación al caso Robles Berlanga, de su desenlace depende que se hagan realidad las expectativas de los mexicanos que apoyaron a López Obrador en su carrera a la Presidencia de la República, o que al constituir un mero ajuste de cuentas, se termine de borrar la frontera entre la antigua Mafia del Poder y la actual coalición de partidos en el gobierno.
