Los fiscales alegan en el documento presentado al Supremo que el derecho que otorga la Segunda Enmienda de la Constitución al porte de armas no impide que el Estado y los municipios promulguen leyes que protejan la seguridad de sus residentes. (ARCHIVO)
Trece fiscales generales, liderados por Nueva York, acudieron ante el Tribunal Supremo de EUA para defender el derecho de los estados a regular el uso de armas de fuego si están relacionadas con un objetivo gubernamental como la protección de sus ciudadanos.
En un comunicado difundido este martes, la Fiscalía General de Nueva York explica que esta acción es en respuesta a una demanda de la Asociación de Pistolas y Rifles de Nueva York que impugnó ante el Supremo ese derecho de los estados, a pesar de haber sido validado por la Corte de Apelaciones del país.
La asociación llegó hasta el alto foro luego de haber perdido en en 2013 dos demandas contra el estado de Nueva York, en el tribunal federal para el distrito sur en Manhattan y luego en la Corte de Apelaciones de EUA.
La coalición de fiscales argumentó al alto foro judicial que ese tribunal ha dejado claro que los Gobiernos estatales y locales pueden regular las armas de fuego para hacer frente a diversas circunstancias, como hizo Nueva York.
Este estado restringió el transporte de armas exigiendo que fueran descargadas, bloqueadas y transportadas por separado de las municiones hacia los campos de tiro en la ciudad.
Los fiscales alegan en el documento presentado al Supremo que el derecho que otorga la Segunda Enmienda de la Constitución al porte de armas no impide que el Estado y los municipios promulguen leyes que protejan la seguridad de sus residentes.
"Mientras que el presidente Donald Trump, sus aliados en el Congreso y la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés) no hacen absolutamente nada, nuestras escuelas, lugares de trabajo, iglesias o centros religiosos se han convertido en campos de exterminio", afirmó la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un comunicado.
Esto es, sostuvo la fiscal, "debido en parte al movimiento de flujo libre de armas, pero Nueva York está de pie y luchando", "No solo estamos defendiendo el derecho de los gobiernos estatales y locales de promulgar medidas adaptadas a sus diferentes necesidades, sino, lo que es más importante, su capacidad para frenar la pérdida de vidas sin sentido que sigue atormentando a comunidad tras comunidad, día tras día", indicó.
La acción legal surge después de dos tiroteos ocurridos el 3 y 4 de agosto en un centro comercial en Texas, que dejó 22 muertos, y en un bar en Ohio donde murieron 10 personas, y con varios heridos en conjunto.
La demanda fue presentada por Nueva York con el apoyo de los estados de Connecticut, Illinois, Massachusetts, Maryland, Michigan, Nueva Jersey, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y el Distrito de Columbia.
