En el último año, se ha inhabilitado a 40 servidores públicos y cuatro más han sido destituidos del cargo, informó la contralora en el estado, Raquel Leila Arreola Fallad. (FABIOLA P. CANEDO/EL SIGLO DE TORREÓN)
En el último año, se ha inhabilitado a 40 servidores públicos y cuatro más han sido destituidos del cargo, informó la contralora en el estado, Raquel Leila Arreola Fallad.
Señaló que se iniciaron 144 procedimientos de responsabilidad administrativa, 130 de los cuáles, sí procedieron. Fueron 123 en la capital y siete en La Laguna.
La funcionaria indicó que se han aplicado 28 amonestaciones privadas, 25 amonestaciones públicas, 16 suspensiones, 17 sanciones económicas, 4 destituciones y 40 inhabilitaciones.
En La Laguna, hubo cinco amonestaciones privadas y dos suspensiones.
La contralora dijo que cuando algún funcionario incumple la Ley o desconoce la misma, se llevan estos procedimientos administrativos. Indicó qué hay buzones diseminados en los que se reciben quejas e inconformidades, y de aquí se desprende la necesidad de estos procedimientos, incluso se han dado elementos de constitución de un delito, y pasan a la Consejería Jurídica, que sigue el proceso a través de la Fiscalía General del Estado.
"Una persona que es inhabilitada de una sentencia por un procedimiento administrativo no va a poder desempeñarse como funcionario público en ningún gobierno del estado", comentó. Dijo que la carta de no inhabilitación es un documento que ya se solicita en el servicio público, la cuál, se expide en la Secretaría de la Contraloría.
