Pedirán al gobernador José Rosas Aispuro que hospitales públicos practiquen abortos en caso de violación. (AGENCIAS)
La organización Sí Hay Mujeres en Durango, que preside Julieta Hernández Camargo solicitará al gobernador, José Rosas Aispuro, se cumpla con la Norma 046 de la Secretaría de Salud para que se practiquen abortos en las instituciones y hospitales públicos en los caso de violación sin la autorización del Ministerio Público.
Pedirá además la destitución del jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número Dos, Luis Manuel Ortega Amador, si las instituciones de Salud a su cargo incumplen con esta norma, pues recientemente indicó que esperan indicaciones de la Secretaría de Salud para su cumplimiento y que los médicos tienen una premisa, la cual es ir en contra de la muerte: "habrá una que otra oveja negra que sí hace abortos, pero nosotros no", señaló en entrevista.
La asociación se ampara también en la sentencia que dictó recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La presidenta de la organización, la cual es una de las peticionarias de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, dice que "yo lo primero que diría es que pido la destitución de ese funcionario porque no cumple con la ley y traslada sus creencias personales al ejercicio de lo público. Un funcionario debe guardar sus creencias para su casa".
"El funcionario no tiene que esperar instrucciones de nadie, ¿a poco para cumplir la ley hay que esperar instrucciones? la ley se debe cumplir y si a él se le presenta un caso y no lo lleva a cargo, la Corte lo puede sancionar y destituir del cargo, incluso, y las multas son muy altas".
Es por eso que la asociación hizo un llamado al gobernador del Estado, José Rosas Aispuro, "para que les diga a sus funcionarios que tienen que cumplir con la ley, que los criterios de la corte son obligatorios para los estados".
En el caso del estado de Durango, el Código Penal en su artículo 352 Fracción II, establece que el aborto no será punible "cuando el embarazo sea resultado de un delito de violación", pero deberá obtenerse previamente la autorización del Ministerio Público.
La modificación a la legislación estatal ya fue solicitada a través de la Alerta de Violencia de Género, decretada a Durango en el mes de noviembre de 2018. No obstante las autoridades legislativas han sido omisas y a la fecha el apartado no ha sido modificado para que la ley esté armonizada con la legislación federal.
