Pierluisi juramentó el viernes pasado como gobernador, luego que Rosselló lo designó como su sucesor, horas después de que la Cámara de Representantes lo confirmó en el cargo de secretario de Estado, quedando pendiente el mismo proceso en el Senado. (EFE)
Pedro Pierluisi y el Senado de Puerto Rico presentaron hoy sus alegatos ante el Tribunal Supremo para que analice la legalidad de la juramentación del excomisionado residente como gobernador de la isla caribeña, en sustitución de Ricardo Rosselló.
En su alegatos, Pierluisi señaló que la "compleja situación" de crisis política-constitucional que atraviesa el estado requiere de un alivio inmediato, los puertorriqueños necesitan certidumbre y tener la garantía de que su gobierno en funciones es legítimo y producto del orden constitucional.
Consideró que el Senado no busca esa estabilidad y busca que se “remueva al gobernador de Puerto Rico del cargo que ostenta legítimamente”, usando una interpretación constitucional "acomodaticia”.
Pierluisi aseveró que el recurso legal que pretende presentar la cámara alta solo puede ser solicitado por la Secretaría de Justicia y su aplicación “tendría un impacto nefasto en la gobernabilidad de Puerto Rico”.
Señalo que al renunciar a su derecho de confirmar al secretario de Estado, el Senado está impedido a buscar una "vindicación constitucional".
Pierluisi juramentó el viernes pasado como gobernador, luego que Rosselló lo designó como su sucesor, horas después de que la Cámara de Representantes lo confirmó en el cargo de secretario de Estado, quedando pendiente el mismo proceso en el Senado.
Reconoció que la manera en que asumió como gobernador “no necesariamente constituye un escenario idóneo desde el punto de vista de la democracia electoral”, aunque insiste en que “sí constituye un evento indiscutiblemente constitucional”, de acuerdo con el diario local El Nuevo Día.
Por su parte, en sus argumentos el Senado solicitó a la Corte Suprema que se determine que para que un secretario de Estado pueda asumir el cargo de gobernador, debe tener el consejo y consentimiento de la Cámara y el Senado; que la juramentación de Pierluisi es nula y que se declare inconstitucional la Ley 7-2005.
La juramentación y ocupación del cargo de gobernador por parte de Pierluisi a la luz de una interpretación incorrecta de la Ley 7-2005, resultan inoficiosas, agregó.
La Constitución de Puerto Rico establece de forma clara que para ocupar el cargo de gobernador ante la renuncia efectiva de Rosselló, Pierluisi tenía que ocupar el puesto de secretario de Estado en propiedad al momento en que la misma fue efectiva.
Tras la juramentación de Pierluisi, el Senado anunció el viernes pasado que analizaría el lunes la designación de Pierluisi como secretario de Estado, pero la víspera decidio no hacerlo y esperar el fallo del Supremo Tribunal sobre el caso.
