Hasta hace apenas un lustro, el país estaba en campaña electoral permanente. Cuando no era en un estado era en otro u otros, pero siempre, en alguna entidad, había campaña y proceso electoral en curso. Ya fuera para renovar ayuntamientos, el Congreso local o elegir gobernador. Y no siempre de manera coincidente. Por ello los comicios lo mismo podían ser en enero o febrero que en mayo o septiembre y aun en diciembre.
Los constantes procesos electorales a lo largo y ancho del territorio nacional, con la competencia que implicaba entre partidos, la "guerra electoral" pues, se dificultaba enormemente llegar a acuerdos o consensos legislativos en las Cámaras del Congreso de la Unión.
Hasta que la reforma constitucional federal en materia electoral de febrero de 2014, encontró alguna fórmula de solución a este problema. Quedó establecido al efecto en el artículo 116, fracción IV, de la Carta Magna, el siguiente par de disposiciones: 1. Que los comicios locales deben necesariamente "tener lugar el primer domingo de junio del año que corresponda", y 2. Que de los tres comicios de corte estatal (ayuntamientos, diputados, gobernador) "se verifique, al menos, una elección local en la misma fecha en que tenga lugar alguna de las elecciones federales".
Y las elecciones federales, según lo dispone el artículo 22 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, "deberán celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda", cada tres años para diputados federales y cada seis para senadores y presidente de la República. El Segundo Transitorio de dicha reforma constitucional de 2014, estableció como caso de excepción las elecciones federales de 2018, "las cuales se llevarán a cabo [como sucedió] el primer domingo de julio".
En lo sucesivo, pues, todas, absolutamente todas las elecciones, sean federales o locales, han de celebrarse precisamente el primer domingo de junio "del año que corresponda". Y por lo que hace a las estatales AL MENOS UNA se efectuará, pero pueden ser dos y hasta las tres locales, en la misma fecha en que tengan lugar las elecciones federales.
Son varios los estados que han hecho coincidir o empatar sus comicios locales, los tres, con las elecciones federales. De esta manera tienen un solo proceso electoral cada tres años. En Coahuila se cumplió apenas con lo mínimo. Por decisión del priismo la elección que se escogió para hacerla concurrente con las federales fue la de renovación de ayuntamientos. Pero pudo haberse encontrado un arreglo mejor. Haber hecho la de gobernador concurrente con la intermedia para diputados federales y dejado las de ayuntamientos y diputados locales siempre coincidentes con las federales. ¿La razón?
Porque actualmente en Coahuila las elecciones locales de gobernador y para diputados se celebran en año diferente al de las elecciones federales, lo cual tiene un enorme inconveniente:
Las intermedias para diputados locales se convierten, cada seis años, en lo que se llama "elecciones huérfanas", porque van solas por no haber para gobernador. Como sucederá en las siguientes dos décadas, de no haber cambio, en las elecciones para legisladores locales que tendrán lugar el primer domingo de junio de 2020, 2026, 2032 y 2038.
Y como seguramente nadie desconoce, las elecciones para diputados locales son las que menos interés ciudadano despiertan, no porque carezcan de importancia sino en razón de que el Legislativo estatal no ha logrado asumir, en buena medida por la misma apatía ciudadana y desinterés del votante, su categoría y dignidad de verdadero Poder. Situación que el oficialismo priista pretende continuar. Y lo que Coahuila necesita es exactamente lo contrario, es decir, un Congreso fuerte, responsable e independiente.
En razón de lo anterior, tal como está conformado su calendario electoral, en la década que va de 2020 a 2030 Coahuila tendrá ocho procesos electorales. Ocho años en campaña. Francamente son muchos. Uno o dos que disminuyan, alivia bastante la situación de permanente contienda electoral.
Lo anterior viene a cuento con motivo de que, estando en receso, el pasado 18 de julio el Pleno del Congreso local fue convocado a un breve periodo extraordinario, apenas de un día. Fue para desahogar, antes de que concluyera julio (después ya no hubiera sido posible en los términos del artículo 105, fracción II, de la Constitución federal) para diferir en dos meses, del 1 de noviembre de 2019 al 1 de enero del año próximo, el inicio formal del proceso para elegir diputados locales en 2020.
La propuesta es procedente, es decir, el acortamiento en dos meses del proceso electoral, pero no por el principal argumento invocado por el gobernador. Sostiene éste que es para ahorrar recursos. Falso, porque las etapas del proceso serán las mismas y prácticamente con el mismo nivel de gasto sólo que desarrolladas en menor tiempo. Y tampoco disminuirán por este cambio los topes de gastos de campaña que se fijará a los partidos.
Lo que sí significaría un verdadero ahorro de recursos estaría en la modificación del calendario electoral del estado, como arriba se propone, con los ajustes correspondientes. Que la elección de diputados del año próximo sea para que los electos cubran sólo un año, 2021, y empatar estos comicios con los de ayuntamientos de ese mismo año 2021. Y que las de gobernador de 2023 sean para elegir un mandatario por cuatro años, a fin de que las siguientes se empaten con las federales intermedias de 2027.
Curiosamente, la reforma promovida por el gobernador y aprobada, daría un tiempo de dos meses para impulsar las enmiendas que aquí se proponen. Se dispone para ello sólo de agosto y septiembre. Será necesario un enérgico movimiento de opinión pública y voluntad política del grupo estatal gobernante. Si en realidad, como dice, se trata de ahorrar recursos y optimizar el calendario electoral de Coahuila, la que aquí se propone es la verdadera solución.
