La audiencia para el juicio de los cinco acusados por la Fiscalía General de Tamaulipas por el asesinato del periodista Carlos Domínguez, prevista para las 12:30 horas de este miércoles, está 'blindada' por más de 30 patrullas de diversas corporaciones. (ARCHIVO)
La audiencia para el juicio de los cinco acusados por la Fiscalía General de Tamaulipas por el asesinato del periodista Carlos Domínguez, prevista para las 12:30 horas de este miércoles, está "blindada" por más de 30 patrullas de diversas corporaciones.
En estos momentos, los alrededores del Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) en Nuevo Laredo, Tamaulipas donde permanecen recluidos dos de los cinco acusados, están vigilados por 30 patrullas de las policías Estatal y Ministerial, así como del Ejército y la Guardia Nacional.
Aún no da comienzo la audiencia para el juicio oral. Según versiones de los asistentes, ésta pudiera ser aplazada nuevamente, después de un año cuatro meses de reclusión de los cinco presuntos implicados, porque otro indiciado, Rodolfo N, no fue trasladado del penal de Tepic, Nayarit, para estar presente en la misma.
Tampoco fueron trasladados los dos detenidos originarios de Zacatecas, quienes están acusados de ser los homicidas materiales. Ellos se encuentran en el penal de Altamira, Tamaulipas.
Entre las personas que acudieron al juicio a celebrarse a puerta cerrada, debido a que se trata de un homicidio, están Margarita Hernández y Guadalupe Zúñiga de González, madres de los periodistas Luis “N” y Jesús “N”, quienes se encuentran en el Cedes de esa frontera.
También se encuentra Roberto Puente Martínez, abogado de los tres periodistas, incluido Gabriel Garza Flores, quien murió dentro de la cárcel debido a los padecimientos que presentaba y que se le agudizaron con la reclusión.
“El gobierno del estado destinó alrededor de 30 vehículos, con sus respectivos agentes, y también pidió el apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.
"Me parece un operativo ofensivo, un operativo que pretende criminalizar a nuestros compañeros detenidos, un operativo cuyos agentes deberían estar atendiendo las necesidades de seguridad pública, no solamente de Nuevo Laredo, sino de Tamaulipas”, consideró el defensor de derechos humanos, Raymundo Ramos.
