Se ha iniciado a través de la UIF, adscrita a la SHCP una serie de averiguaciones judiciales a más de media docena de integrantes y allegados del gabinete legal de la administración del expresidente Peña Nieto. (ARCHIVO)
El Gobierno ha iniciado a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una serie de averiguaciones judiciales a más de media docena de integrantes y allegados del gabinete legal de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, la cual ha estado caracterizada más por su impacto mediático que jurídico.
Las acusaciones van desde presuntos actos de corrupción, lavado de dinero, robo de hidrocarburos, entre otros, mismos que han derivado de documentos provenientes, principalmente, de la DEA.
Se detectó que seis funcionarios de alto nivel de la administración de EPN cuentan con investigaciones, en lo que muchos opositores consideran una cacería de brujas del actual Gobierno.
Se trata de los exsecretarios de Desarrollo Social Rosario Robles (implicada en el caso de corrupción conocido como la Estafa Maestra), de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y de Economía, Ildefonso Guajardo (quienes formaron parte del Consejo de Administración de Pemex cuando se autorizó la compra de Agronitrogenados), así como del exdirector Emilio Lozoya, acusado de "lavado", cohecho y asociación delictuosa.
Asimismo, existen inhabilitaciones por 10 años de servicio público, como es el caso de Lozoya, luego de ser vinculado con el caso Odebrecht.
Los politólogos José Antonio Crespo, Alberto Aziz y Ulises Corona consideraron que no debe ser selectiva la justicia de la FGR y de la administración de Andrés Manuel López Obrador, pero sí llegar a fondo.
En octubre de 2017, al estar envuelto en el escándalo de Odebrecht, Lozoya negó haber amenazado a Nieto Castillo, quien se desempeñaba en ese entonces como titular de la Fepade.
En ese entonces, un juez federal ordenó a la Fepade resolver la investigación que se inició contra Lozoya Austin por el supuesto financiamiento ilícito de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, con sobornos recibidos por Odebrecht.
Ese mismo mes, la entonces PGR cesó a Santiago Nieto porque supuestamente "transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta".
Por otra parte, el día lunes Rosario Robles, extitular de la extinta Sedesol durante el gobierno peñista, fue señalada -nuevamente- por desvío de recursos a través del programa Cruzada Nacional Contra el Hambre hacia diversas empresas fantasma en el caso llamado "Estafa Maestra".
En dicho caso, Nieto señaló que actualmente se encuentran bajo investigación 50 empresas.
Hasta ahora no han sido bloqueadas cuentas relacionadas con el fraude que se realizó a través de universidades públicas y que denunció la ASF en la administración de EPN.
Por otra parte, y sin precisar nombres, Nieto señaló que Rosario Robles no es la única investigada, pero tanto él como la FGR no han emitido más citatorios para declaraciones.
Por su parte, el abogado de Robles argumentó fallas en la figura jurídica que se usó para su citatorio, y a esta declaración se suman casos que han permitido que jueces de distrito suspendan las órdenes de aprehensión contra varios investigados.
