La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez girar una orden a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para recibir información de 11 empresas y personas ligadas a caja Libertad. (ARCHIVO)
Con el objetivo de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) entregue información financiera de 11 empresas y personas relacionadas con el caso Caja Libertad, incluido el abogado Juan Collado, la Fiscalía General de la República solicitó a un juez federal girar una orden a dicho órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Se trata de todos los estados de cuenta, nombres de personas autorizadas, contratos y comprobantes de transferencias de todo tipo de instrumento bancario, registrado entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2019, según reportó el periódico Reforma.
La Fiscalía solicitó los informes bancarios de José Antonio Rico Rico, expresidente del Consejo de Administración de Caja Libertad; así como de José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega, además de Collado, detenido la semana pasada por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Las empresas sobre las que se pide información son: Administradora Ario, Administradora Cimantorio, Despacho Integral de Inmuebles, Libertad Servicios Financieros, Mantenimiento y Remodelación Inmobiliaria, y Operadora de Inmuebles del Centro.
La última empresa habría vendido a Caja Libertad, en forma simulada, el edificio donde hoy tiene su sede en la ciudad de Querétaro, por una suma de 156 millones de pesos, más impuestos.
De acuerdo con la FGR, cuando la sociedad financiera popular pagó por la adquisición de este inmueble, la vendedora utilizó el dinero para transferirle 24 millones de pesos a Juan Collado.
El pedido de información corresponde a la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019 y se tramita para evitar que los informes sean invalidados, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que este tipo de pruebas son ilícitas si no son autorizadas por un juez.
Collado reclama dicho aspecto en la apelación que promovió contra la vinculación a proceso dictada por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, es decir, que ya fue sujeto a procedimiento con base en información bancaria que fue obtenida de forma ilícita.
La solicitud de la FGR sería posterior a la judialización de la carpeta de investigación que contiene la información bancaria que fue tomada en cuenta por un juez de control para procesar al litigante.
