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Nacional

Sindicato y autoridades educativas tendrán 'opinión' en asignación de plazas

Darán prioridad a normalistas y egresados de la UPN

EL UNIVERSAL
CIUDAD DE MÉXICO, viernes 19 de julio 2019, actualizada 10:15 am

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La Ley General del Sistema para la Carrera de las maestras y los maestros, una de las que regularán la reforma constitucional en materia educativa que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador, prevé otorgar por mérito las plazas docentes, pero dar prioridad a los normalistas y egresados de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

De acuerdo con una copia del texto, que obtuvo El Universal, en los criterios para la admisión y promoción de personal docente, la Secretaría de Educación Pública (SEP) llevará a cabo un proceso de selección "público", que también contará con la ‘opinión’ de las autoridades educativas locales y el sindicato.

"La Secretaría dispondrá las medidas para que, en igualdad de condiciones, dé prioridad a los egresados de las Escuelas Normales Públicas del país y de la Universidad pedagógica Nacional (UPN)", dice la fracción quinta del artículo 49.

En el proceso, la SEP "pondrá a disposición de las autoridades educativas de las entidades federativas y a las representaciones sindicales, los resultados de valoración de los elementos […] las autoridades educativas y las representaciones sindicales podrán realizar observaciones, las cuales serán consideradas por la Secretaría".

Además, las plazas solo se asignarán a las personas que se encuentren "en el listado nominal" que emita la SEP, y solo en el caso de haber excedentes, incluso personas del listado que nunca se presenten a reclamar su plaza, "se asignarán a los demás aspirantes".

Las autoridades educativas estatales registrarán en el Sistema Abierto de Transparencia de Plazas las vacantes que se generen en su sector, para docente, técnico, asesores técnicos, pedagógicos, de dirección y supervisión, y deberá informar a la SEP de los procesos.

El Sistema para la Carrera de las maestras y los maestros, según señala el proyecto de ley, "será el instrumento para del Estado para que el magisterio acceda a una carrera justa y equitativa", se contribuya a la excelencia de la educación y se mejore la práctica profesional a partir de una evaluación diagnóstica.

Las evaluaciones diagnósticas se normaron en la Ley reglamentaria de la fracción IX del artículo 3 de la Constitución, es decir, la que dictará las facultades del Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que sustituirá al extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

La ley del nuevo Centro instruye que éste constituirá al Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, mismo que tendrá un comité, integrado a su vez por el Sistema Educativo Nacional. La presidencia del comité sesionará, de manera ordinaria, tres veces al año, y podrá invitar, con voz pero sin voto, a la iniciativa privada, pública y organizaciones de la sociedad civil.

De acuerdo con la ley reglamentaria, "las evaluaciones diagnósticas consistirán en procesos mediante los cuales se formulan juicios fundamentados en evidencia […] con la finalidad de contar con una retroalimentación que promueva la mejora de los procesos educativos".

El Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación contará también con un consejo técnico de educación que se integrará en siete comités, de educación básica, media superior, educación superior, inicial, indígena, inclusiva y de formación docente y pedagógica.

En el anteproyecto de la Ley General de Educación, que se publicó ayer en la Gaceta Parlamentaria, se destaca que la rectoría de la educación en el país la tiene el Estado, el cual estará obligado a ofrecer servicios educativos con equidad y excelencia, priorizando las desventajas económicas de algunas poblaciones.

Además, la ley introducirá el concepto de "nueva escuela mexicana", a través de la cual se buscará dotar a la educación de excelencia y equidad que contribuya a la formación del pensamiento crítico y fortalezca el tejido social.

Otro aspecto que destaca de dicha ley es que los planes de estudios deberán ser analizados, actualizados y corregidos cada cuatro años, y en las materias que contentan información histórica, cultural, de salud sexual y vida saludable, las Secretarías de Cultura y de Salud propondrán contenido.

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