Duarte, presidente del país centroamericano entre 1984 y 1989, dirigía la Junta Revolucionaria de Gobierno cuando se perpetró la matanza, dicha entidad estaba formada por civiles y militares, y fue instaurada tras varios golpes de Estado. (ARCHIVO)
Uno de los militares procesados por la masacre de El Mozote (1981) en El Salvador pidió este jueves al tribunal que lleva la causa ordenar una investigación sobre el papel que desempeñó el difunto expresidente José Napoleón Duarte en el operativo.
Duarte, presidente del país centroamericano entre 1984 y 1989, dirigía la Junta Revolucionaria de Gobierno cuando se perpetró la matanza, dicha entidad estaba formada por civiles y militares, y fue instaurada tras varios golpes de Estado.
La petición fue hecha por el exjefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada Rafael Flores Lima, quien es juzgado por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos al supuestamente participar en la planificación, ejecución y dirección de la operación que derivó en la matanza de unos 1,000 civiles desarmados.
Flores Lima apuntó que la cúpula del Ejército de la época mantenía comunicación con Duarte y el único militar en la referida Junta, el coronel Jaime Gutiérrez.
A la petición de este militar se sumó el exministro de la Defensa Guillermo García, quien recalcó que el alto mando del Ejército era liderado por Duarte.
Por su parte, David Morales, de la organización de derechos humanos Cristosal y abogado de las víctimas en el proceso, señaló que es procedente investigar la participación de estas personas.
No obstante, sostuvo que los peritajes presentados en el proceso dan cuenta de que la comandancia general de facto del Ejército en los primeros años de la guerra civil (1980-1992) la ejercían García y Flores Lima.
El Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera realizó este jueves una audiencia en la que elevó a crímenes de guerra y de lesa humanidad los cargos que enfrentan 17 militares por la masacre.
Morales explicó a Efe que es el primer caso del que tiene información en el que los delitos son elevados a la referida categoría, con lo que se vuelven imprescriptibles y no pueden ser amnistiados.
La audiencia, a la que únicamente se presentaron 12 de los procesados, sirvió para imputar a los exjefes castrenses los cargos de tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado.
Estas personas son procesadas desde marzo de 2017 por los delitos de asesinato, violación, privación de libertad, violación de morada, robo, daños, estragos, actos preparatorios de terrorismo y terrorismo.
Durante la audiencia el general Rafael Bustillo, requerido por la Justicia española por la masacre de cinco sacerdotes jesuitas en 1989, aseguró que el proceso es "parcial" y señaló que las víctimas posiblemente colaboraban con la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
También catalogó la causa penal, reabierta tras la anulación de una ley de amnistía de 1993 en julio de 2019, de ser un circo.
La sobreviviente María del Rosario Torres pidió respeto para las víctimas, dado que no tienen ninguna culpa por las acciones de la guerrilla.
"Solo de mi familia fueron 24 asesinados", señaló Torres, quien pidió a los militares que "se pongan la mano en el corazón" y acepten los cargos que se les imputan.
El proceso se encuentra en la etapa de instrucción y han comparecido más de 40 testigos.
Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades de élite del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron deliberada y sistemáticamente a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y sitios aledaños.
Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1,730, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.
