Intocable, inabordable, incluso incógnito, cuando la protesta pública se desbordó de cara a la muerte de 63 mineros en su mina de carbón Pasta de Conchos, los carteles reproducían una vieja foto extraída de los archivos de Germán Larrea Mota Velasco, ubicado como “Rey del cobre”.
El empresario, sembrado como el segundo hombre más rico del país, cuyo imperio se extiende a Perú y España, nunca dio la cara ni en este caso ni a la vera de un derrame tóxico de su principal empresa, Minera de Cananea.
Tampoco, en su momento, cuando se acusó al sindicato minero de haber desviado 71 millones de dólares que debían prorratearse entre los trabajadores de la entonces Mexicana del Cobre y la propia mina señalada, que habían sobrevivido a su privatización durante el sexenio salinista.
El velo se descorrió en sólo dos ocasiones: una, cuando se cocinaba una reforma a la Ley Minera que obligaba a elevar el pago de derechos, amenazando con cancelar sus inversiones en el país, y otra al arribo del nuevo gobierno.
Exhibido como activista contra la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador llegara a la Presidencia de la República, Germán Larrea participó con el magnate Carlos Slim, en una comida privada con éste en Palacio Nacional.
El acercamiento, sin embargo, no le garantiza el trato terso, casi impune, de los dos sexenios pasados, cuando la Secretaría del Trabajo impidió contra viento y marea que se exhumaran los restos de 61 trabajadores de la mina de carbón colapsada o cuando se volvió mito la colosal multa impuesta por el derrame de 3 millones de litros de tóxicos al río Bacanuchi, afluente del Sonora.
Dueño de las empresas Ferromex y Ferrosur, dos de los tres troncales en que se dividió a su privatización a los Ferrocarriles Nacionales de México, Larrea libró la aduana de la Comisión Federal de Competencia, y se le permitió instalar “guardias blancas” para resguardar sus rutas férreas en la zona del Bajío.
El rey del cobre enfrenta hoy otro desastre ecológico: el derrame de 3 mil litros de ácido sulfúrico en las costas del Mar de Cortés en Guaymas y San Carlos, Sonora, que ha provocado la muerte de tortugas, lobos marinos y diversas especies de peces.
El domingo venció el plazo impuesto por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que la empresa responsable ofrezca un informe de los hechos en un escenario en que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló el lunes que se acabó la era de los intocables.
El problema es que desde 2009 el Grupo México promedia ocho casos de afectación al medio ambiente ya por derrames tóxicos o depredación.
La posibilidad habla de revocarle al magnate las concesiones mineras que privatizó su padre, Jorge Larrea Ortega.
Jaque al rey… del cobre.
BALANCE GENERAL
La noticia es que Televisa le vendió su 50% de participación en Radiópolis, la cadena que aglutina, entre otras, las estaciones XEW, XEQ y XEX, al Corporativo Coral encabezado por Miguel Alemán Velasco y su hijo Miguel Alemán Magnani. La operación está en línea con el plan de Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez para concentrarse en el negocio de contenidos de la televisora.
El otro 50% lo mantiene el grupo Prisa de España.
Radiópolis lo integran 17 estaciones con presencia en los mercados publicitarios más importante del país, es decir, la capital, Guadalajara y Monterrey.
El precio pactado fue de mil 248 millones de pesos, además de dividendos por 200 millones, lo que representa ocho tantos del Ebitda de la empresa.
Antes, Televisa había vendido 19% de su participación en la firma española Imagina, lo que redituó 341 millones de dólares. En paralelo, le compró a Axtel sus negocios residenciales de fibra óptica en 4 mil 713 millones.
FIN DEL SUEÑO
Cancelados unilateralmente por Petróleos Mexicanos los contratos otorgados a la firma Perforadora Oro Negro, el finiquito planteaba un remanente de 750 millones de pesos que, de acuerdo con lo pactado con sus acreedores, debieron integrarse a un fideicomiso radicado en la filial en México del banco alemán Deutsche. Los recursos, sin embargo, se esparcieron hacía las cinco empresas creadas para administrar las plataformas con que operaba la firma.
De ahí la acusación de operación fraudulenta que motivó una orden de aprehensión contra los primos Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White, hijo y sobrino del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz.
En la ruta hay orden de captura contra Carlos Enrique Williamson, Alonso Del Val Echeverría yMiguel Ángel Villegas Vargas.
Desde hace meses, los primos se refugiaron en Estados Unidos.
