Hace un par de meses en Torreón, el gobierno del Estado inició la instalación de cuatrocientas cámaras inteligentes de reconocimiento facial o biométrico con el objetivo de brindar "seguridad" a la población y "combatir" el crimen, constituyéndose como el primer estado en México que contará con esta tecnología para las tareas de seguridad.
Este tipo de acciones forman parte de lo que el sociólogo francés Loic Wacquant denomina Estado Penal, el cual tiene como principales características, la amputación de su brazo económico, la retracción de su seno social y la ampliación generalizada de su mano penal a través de la vigilancia, la represión y el control.
El Estado penal crece y se despliega, dice este autor, a fin de contener los desórdenes generados por la difusión del miedo y la inseguridad social. El Estado Penal criminaliza a los pobres, a los que viven en las periferias, protege la propiedad privada y a través de mecanismos de vigilancia, represión y encarcelamiento mantienen a raya a un sector que es estigmatizado y pauperizado en sus derechos sociales y económicos elementales. Estas cámaras no vienen a ser más que un modo de control social y de criminalización para quien, desde la lógica del estado policial, es un peligro.
En este sentido, estos dispositivos tecnológicos tendrán diversas funciones, por un lado, la vigilancia permanente de las actividades públicas de las y los ciudadanos y coadyuvar en las tareas de seguridad al reconocer biométricamente a "potenciales" delincuentes comunes para su localización en tiempo real, principalmente a los que cometen delitos patrimoniales como robo simple, más no así para los grandes delincuentes, quienes sabemos muy bien en dónde están.
La primera prohibición general de la utilización de cámaras reconocimiento facial en las corporaciones policiacas sucedió en mayo pasado en la ciudad norteamericana de San Francisco, y actualmente los legisladores del Estado de California están trabajando en la elaboración de una Ley que lo prohíba en todo su territorio. Este proyecto de ley, según un artículo publicado el siete de junio pasado por Sam Deam en el portal electrónico de Los Ángeles Times, establece que la vigilancia biométrica es el "equivalente de requerir que cada persona muestre una identificación personal con fotografía en todo momento, en violación de los derechos constitucionales reconocidos", independiente de su consentimiento. También menciona que diversos investigadores han demostrado que el software a menudo muestra coincidencias incorrectas, especialmente cuando las búsquedas se ejecutan en imágenes de personas y mujeres de piel oscura.
No cabe duda que la instalación y operación de estas cámaras de reconocimiento facial supondrá una violación a los derechos humanos, máxime que no existen protocolos ni leyes o reglamentos que regulen la actividad policial y el uso responsable de los datos personales obtenidos por estos aparatos.
