En el marco de la consecución del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio relativo al hambre, la Unión Europea ha elaborado un programa cuyo objetivo específico consiste en mejorar la política comunitaria en materia de seguridad alimentaria, especialmente para los grupos más vulnerables, gracias a una serie de intervenciones prioritarias y acciones que completan los programas nacionales y los hacen más coherentes.
La Comisión ha elaborado diversos programas temáticos relacionados con las acciones exteriores de la Comunidad, uno de los cuales se refiere a la seguridad alimentaria. Sus bases jurídicas son el Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo y el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación.
La lucha contra la inseguridad alimentaria forma parte del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio y, pese a los progresos alcanzados a escala mundial en la reducción del hambre, sigue siendo insuficiente. La inseguridad alimentaria suele verse agravada por la degradación del medio ambiente, por sistemas productivos deficientes, por el mal funcionamiento del mercado y por la capacidad humana limitada, y se acompaña de desigualdades, con derechos sociales a la alimentación dependiente del sexo, la edad y la etnia.
La inseguridad alimentaria se produce principalmente en un cierto número de Estados vulnerables desde el punto de vista institucional y cuya inestabilidad política dificulta la consecución de los objetivos en materia de seguridad alimentaria. La política de seguridad alimentaria de la Comunidad ha evolucionado del simple suministro de ayuda alimentaria, cuando se instauró, a apoyar ahora un amplio espectro de estrategias de seguridad alimentaria a nivel nacional, regional y mundial. La seguridad alimentaria sigue siendo una prioridad de la política europea de desarrollo, tal como queda recogido en el consenso europeo.
La política comunitaria destaca el papel central de las estrategias de reducción de la pobreza elaboradas a nivel nacional para alcanzar la seguridad alimentaria a largo plazo, y la necesidad de abordar el hambre como la primera prioridad en la lucha contra la pobreza.
Una evaluación externa realizada hace poco confirmó la validez de la estrategia adoptada y establece que la seguridad alimentaria sólo puede alcanzarse tratando simultáneamente la disponibilidad de alimentos, el acceso a la comida, la calidad de la nutrición y la prevención de las crisis alimentarias. Esa evaluación destaca asimismo el valor añadido derivado del establecimiento de vínculos entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo (VARD).
La evaluación también identificó los siguientes ámbitos susceptibles de mejora: un enfoque más sistemático de los VARD para responder más eficazmente a la naturaleza dinámica y pluridimensional de la inseguridad alimentaria; una mejor integración de la seguridad alimentaria como elemento prioritario en los documentos de estrategia de reducción de la pobreza; un diálogo mantenido entre los Gobiernos para instaurar una política a largo plazo sobre la seguridad alimentaria; una mayor coherencia de las políticas a nivel nacional.
El programa temático podrá respaldar el desarrollo de una política nacional y unos sistemas de seguimiento de la seguridad alimentaria con el fin de garantizar que las estrategias nacionales de reducción de la pobreza siguen un enfoque estratégico de la seguridad alimentaria. Los programas geográficos son el instrumento ordinario de aplicación de la política comunitaria de seguridad alimentaria a nivel mundial, en cooperación con el Gobierno cuando exista un marco operativo que lo permita.
Los casos en que está justificada la transición de la ayuda humanitaria a este programa temático cuando finaliza la ayuda de emergencia, son los siguientes: si resulta difícil acordar acciones de seguridad alimentaria con los gobiernos socios porque la inseguridad alimentaria se halle concentrada en zonas fuera del control del Estado o en grupos de desplazados internos; si la cooperación se ha suspendido o si no existe ningún marco de cooperación; si se trata de «crisis olvidadas» en las que puede ser difícil establecer una cooperación con los gobiernos nacionales mediante instrumentos geográficos.
Por lo que toca a México, se han tomado medidas jurídicas de fundamento como la nueva Ley de Seguridad Alimentaria para la ciudad de México, no así a nivel nacional como lo han hecho algunos países latinos, sin embargo dada la problemática alimentaria mundial, urge un programa sólido para esta contingencia, tarea ardua que le toca a la nueva legislatura nacional.
