En la última semana dos mineros han muerto en centros de extracción clandestinos de carbón (pocitos) en los municipios de Sabinas y Múzquiz, donde activistas denuncian coyotaje en la venta de este mineral a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). (ARCHIVO)
En la última semana dos mineros han muerto en centros de extracción clandestinos de carbón (pocitos) en los municipios de Sabinas y Múzquiz, donde activistas denuncian coyotaje en la venta de este mineral a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La activista Cristina Auerbach, de Organización Pasta de Conchos, denunció que a raíz del contrato que firmó la CFE con la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (Prodemi) para la adquisición de 330 mil toneladas de carbón mineral, la práctica del coyotaje (comprar carbón a mineras clandestinas) se retomó en la región.
“El tema del coyotaje del carbón es reiterativo durante los últimos 20 años, quiere decir que hay empresas a las que se les entregan contratos y no tienen minas o tienen una mina.
“Algunas casi no operan o bien tienen tres trabajadores registrados, estas empresas surten sus contratos a través de la minería clandestina porque sale muy barato”, declaró en entrevista con Notimex.
Señaló que de las empresas contratadas con la Prodemi, en 31 casos éstas no cuentan con un centro de trabajo, en 16 no se tiene registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y 14 cuentan con una mina, pero operan con violaciones de impacto ambiental.
Esto a pesar de que el pasado 4 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó en una visita al municipio de Sabinas que no se permitiría el coyotaje.
No obstante, el viernes 05 de julio en el municipio de Sabinas el minero José Rico Hidrogo, de 50 años de edad, murió en una cueva de extracción clandestina perteneciente a la minera El Junco, propiedad de Miguel Ángel Valdez.
Dicho pozo operaba en una concesión cancelada desde el año 2016, conocida como Cloete Norte, y que fue motivo de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 62/2018 por violaciones a la seguridad jurídica y medio ambiente.
“Esta concesión y en varias de Sabinas se han violado los derechos humanos de la población, el derecho a la vivienda, a la salud, a la integridad física”, aseguró Auerbach.
Asimismo, la tarde del pasado martes 09 de julio en el ejido La Mota del municipio de Múzquiz otra mina clandestina se derrumbó y quedó atrapado Juan Manuel Galván Robledo, 34 años de edad, cuyo cuerpo fue rescatado sin vida al día siguiente.
“El dueño es Juan Manuel Martínez Aguilar que también es dueño de la empresa minera Boston; en 2018 la Secretaría del Trabajo la fue a inspeccionar y dijo que no contaba con centros de trabajo y obviamente estas cuevas donde murió el minero no las dio de alta”, comentó la activista.
Cristina Auerbach explicó que en la Región Carbonífera de Coahuila, conformada por los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas, Múzquiz, Juárez y Progreso los empresarios son proveedores únicos.
Los patrones del ramo están agrupados en la Unión Mexicana de Productores de Carbón y la Unión Nacional de Productores de Carbón A.C. (UNPC), y estas dos organizaciones a su vez son proveedoras de Prodemi.
“Tú te metes a una concesión, abres una mina y te topas con trabajadores sin registro en el seguro, extraen el carbón de forma clandestina y se lo venden a quien tienen contratos con Prodemi y a su vez se lo entregan a CFE, todos ganan excepto las familias y los mineros muertos”, expresó Cristina Auerbach.
Prodemi es un organismo público descentralizado del gobierno de Coahuila creado en 2003, está a cargo de Javier G. Gómez Acuña quien fue designado por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, y opera como intermediario entre pequeños productores y la CFE.
En este último contrato la promotora se adjudicó dos partidas por 165 mil toneladas de carbón mineral cada una, con un costo de 185 millones 728 mil 950 pesos y 176 millones 348 mil 700 respectivamente.
“Los únicos que lloraban y que decían que la región se moría de hambre eran estos empresarios, la región estaba en paz, sin estos contratos, porque no operaban las minas clandestinas, en cuanto entregan esos contratos vuelven las minas clandestinas y vuelven las muertes”, señaló Auerbach.
Las dos muertes de mineros ocurrieron en centros de extracción de carbón clandestinos que pertenecen a las mineras El Junco y Boston, ambas forman parte de la Unión Mexicana de Productores de Carbón.
La activista apuntó que en el mes de junio pasado se había cumplido un año sin muertes en la región carbonífera y afirmó que el carbón que compra CFE proviene del coyotaje, pues es el único cliente en la región y el mineral sólo tiene el uso energético.
Por los dos decesos la activista llamó a la CFE a verificar su cadena de suministro y cancelar los contratos con empresas que caigan en dicha práctica.
Cristina Auerbach denunció que mientras se intentaba rescatar al minero Juan Manuel Galván Robledo, el gerente y subgerente de la CFE, Pierre Antuan Gilly Díaz y Manuel Ávila Flores se reunían con empresarios de Prodemi para acordar la ampliación de contratos sin que hicieran algún pronunciamiento por el deceso.
De igual forma solicitó a la Fiscalía General de Coahuila reorganizar la carpeta de investigación por la muerte de Juan Manuel Galván Robledo ya que se acusa por el incidente al encargado de la mina, Felipe Ríos Gómez.
“Juan Manuel Martínez Aguilar, dueño de minera Boston, debe ser detenido inmediatamente por homicidio, por haber abandonado a los trabajadores. Felipe Ríos Gómez está en el hospital con una embolia y quieren hacer que recaiga la responsabilidad sobre él cuando el responsable es el empresario”, aseveró Auerbach.
