Las recientes denuncias de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, en contra de funcionarios del Gobierno de Rubén Moreira, son un intento vano del régimen que encabeza Miguel Riquelme para generar en la ciudadanía la impresión de que el actual Gobierno del estado está trabajando en aras de la transparencia y la rendición de cuentas.
A un año y medio de iniciado el Sistema Estatal Anticorrupción en Coahuila, una vez integrados los órganos de autoridad que se supone que cortarán de tajo el desvío de recursos públicos y castigarán la impunidad reinante, es de temer que las dos denuncias que frente a la Fiscalía Anticorrupción del Estado presentó la semana pasada el titular de la ASE, Armando Platas, en contra de funcionarios del Gobierno de Rubén Moreira sean parte de una simulación.
Lo anterior porque, aunque se trata de delitos contra la hacienda pública que en apariencia son importantes, por tratarse en la primera denuncia de irregularidades por sesenta y cuatro millones de pesos en el Sector Salud y en la segunda acusación de cuatrocientos millones en la Secretaría de Finanzas, en ambos casos existe el riesgo de que las autoridades salgan con que se trata de meras inconsistencias contables que podrían ser objeto de aclaración, lo que daría pie a un carpetazo definitivo, una vez obtenido el objetivo teatral de aparentar una voluntad política de combate a la corrupción, que cure al moreirato de su desprestigio.
La sospecha referida con antelación no es una ocurrencia, sino que está sustentada en la circunstancia de que hasta ahora nada ha hecho la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila para aclarar el destino de los recursos obtenidos con la megadeuda pública que por su condición de impagable tiene postrados a los coahuilenses. El endeudamiento referido fue contratado durante el sexenio de Humberto Moreira, y después de haber pagado veinte mil millones de pesos, los pasivos resultantes constituyen en la actualidad un adeudo superior a cuarenta mil millones de pesos, es decir, mucho mayor al que originalmente fue contraído.
Es evidente que ante los pagos de intereses que se hacen mes a mes, nada ha hecho olvidar a los coahuilenses el tema de la megadeuda, por lo que el PRI de los Moreira realiza un nuevo esfuerzo por generar una falsa legitimidad que dé la vuelta a su condición de inculpado histórico, para erigirse en paladín de la lucha contra la corrupción no solo a nivel local, sino incluso en el escenario político nacional.
Así lo revelan las declaraciones del Dirigente del PRI de Coahuila Rodrigo Fuentes Ávila del día de ayer, quién ante la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda de la Federación, señala con índice de fuego al gobierno de López Obrador, acusándolo de corrupción. En efecto, el dirigente priista toma de la carta de renuncia del hoy exfuncionario federal, un grave señalamiento según el cual, existen en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público funcionarios que carecen de conocimiento para desempeñar el cargo, que han sido impuestos por personajes influyentes de la actual administración federal, con intereses contrarios al bien común y a la buena marcha del Gobierno.
Qué bien que Carlos Urzúa expone con valentía los graves motivos de su dimisión y que mejor sería que López Obrador ordenara hacer una investigación para determinar quién o quiénes son los personajes influyentes de su gobierno que han incurrido en las conductas denunciadas sin embargo, nada legitima ni a los Moreira, ni a Riquelme ni al PRI de Coahuila, para erigirse en paladines de la lucha contra la corrupción en nuestro país.
Por otra parte, es lamentable que la turbulencia y la inestabilidad que generan a nivel nacional los traspiés del Gobierno de López Obrador, abran una oportunidad para que el moreirato se purifique de sus graves delitos en contra de los coahuilenses, y no solo eso, sino que el PRI de los Moreira pretenda erigirse a escala nacional, en campeón de la honestidad, de la transparencia y de la rendición de cuentas.
