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Cárcel para quien obligue a firmar renuncias anticipadas

Fue el 18 de junio de este año, que el Congreso del Estado aprobó una iniciativa de reforma al artículo 406 del Código Penal para sancionar penalmente a cualquier persona que obligue a los trabajadores a firmar renuncia de los derechos del trabajador. (EL UNIVERSAL)

Fue el 18 de junio de este año, que el Congreso del Estado aprobó una iniciativa de reforma al artículo 406 del Código Penal para sancionar penalmente a cualquier persona que obligue a los trabajadores a firmar renuncia de los derechos del trabajador. (EL UNIVERSAL)

LUCÍA P. PAZ

La diputada perredista, Claudia Ramírez, pidió a los legisladores federales realizar las adecuaciones legales conducentes para sancionar a los patrones u otras personas que obliguen a los trabajadores a firmar renuncias anticipadas, en blanco o cualquier otro documento que implique la renuncia a los derechos laborales.

Fue el 18 de junio de este año, que el Congreso del Estado aprobó una iniciativa de reforma al artículo 406 del Código Penal para sancionar penalmente a cualquier persona que obligue a los trabajadores a firmar renuncia de los derechos del trabajador.

La sanción consiste de seis meses a tres años de prisión y de cincuenta a quinientos días multa.

“Como todos sabemos, el hacer a los empleados firmar sus renuncias por anticipado o en blanco, es una práctica común en nuestro país; en muchos casos se le solicita a la persona firmar su renuncia desde el mismo momento en que recibe el contrato para entrar a trabajar; en otros cuando cumple cierto tiempo en la empresa o bien, cuando se le quiere despedir sin que exista causa justificada y se pretende no pagar de forma completa la indemnización a la que tiene derecho”, dijo la diputada.

Explicó que esta situación es ilegal y abusiva, ya que priva al trabajador de los derechos que le corresponden, y genera un clima de inseguridad laboral permanente, así como un sentimiento de impotencia e indefensión para el trabajador que pierde su sustento y su estabilidad económica.

Indicó que como autoridades deben garantizar un marco normativo que permita a los trabajadores acceder y permanecer en sus empleos de forma digna, evitar la precariedad y la inseguridad de la relación laboral, así como los abusos que puedan derivar de la misma.

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