La sanción consiste de seis meses a tres años de prisión y de cincuenta a quinientos días de multa. (ARCHIVO)
La diputada perredista, Claudia Ramírez, pidió a los legisladores federales realizar las adecuaciones legales conducentes para sancionar a los patrones u otras personas que obliguen a los trabajadores a firmar renuncias anticipadas, en blanco o cualquier otro documento que implique la renuncia a los derechos laborales.
Fue el 18 de junio de este año, que el Congreso del Estado aprobó una iniciativa de reforma al artículo 406 del Código Penal para sancionar penalmente a cualquier persona que obligue a los trabajadores a firmar renuncia de los derechos del trabajador.
