¿Quién podría oponerse a una ley de austeridad y más aún de "austeridad republicana"? Uno supondría que nadie. El problema es que detrás de este nombre políticamente correcto se esconde una realidad incómoda.
Preocupan muchos disposiciones de la Ley Federal de Austeridad Republicana aprobada por el Senado esta semana. Una es la que da al presidente el uso discrecional de los recursos que se ahorren. La medida más cuestionable, sin embargo, no tiene nada que ver con la austeridad; es la que establece una veda de 10 años para que un funcionario público pueda ocupar un puesto en una empresa privada en un ramo relacionado a su responsabilidad.
Esta medida busca impedir la llamada "puerta giratoria", la práctica de pasar del sector público al privado y viceversa. En México se ha aplicado un candado de un año. En algunos países desarrollados no hay ni siquiera este, pero sí leyes que castigan el uso indebido de información o el tráfico de influencias; en otros hay vedas de uno a tres años y, en algunos casos, hasta cinco.
El presidente propuso originalmente una veda de 10 años, pero cuando la Ley de Austeridad salió de la Cámara de Diputados las bancadas la habían reducido a cinco. López Obrador montó en cólera y condenó la reducción como una demostración de la corrupción que aún persiste pese a la Cuarta Transformación. Envió a la secretaria de la función pública, Irma Eréndira Sandoval, al Senado a presionar a los legisladores de Morena y sus aliados para aumentar nuevamente el plazo a 10 años.
Algunos afirman que la veda es ilegal, que viola el artículo quinto constitucional que dispone que "a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos". No sé si sea cierto, pero si lo fuera sería tan inconstitucional un candado de un año como uno de 10. De lo que no tengo duda es de que las vedas no solo no evitan la corrupción, sino que pueden promoverla.
Un funcionario puede ser destituido en cualquier momento, sin indemnización o explicación. Si alguien ocupa un cargo público en estas circunstancias, y sabe que no podrá trabajar durante 10 años en su campo de especialidad, tendrá enormes incentivos para convertir su precario empleo en una fuente de ingresos extraordinarios.
El presidente parece impulsar una veda prolongada por un prejuicio ante la puerta giratoria. Para él es más importante la lealtad que la capacidad técnica. Quienes tienen los conocimientos y el desempeño para trabajar en una empresa privada no son confiables.
Esta desconfianza explica por qué López Obrador está llenando los órganos reguladores, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos o la Comisión Reguladora de Energía, con personas sin la capacidad técnica para ocupar esos cargos. Explica también la mediocridad o falta de conocimiento técnico de muchos de sus colaboradores. El presidente no quiere a especialistas sino a burócratas que obedezcan todas las instrucciones que reciben.
Un candado de 10 años a la puerta giratoria tendría efectos muy negativos para el país en el largo plazo. Se eliminaría el sano intercambio de experiencias entre la iniciativa privada y el sector público. Tendríamos un gobierno dominado por burócratas y un sector privado con especialistas que no podrían nunca aportar su experiencia a una administración pública que no debería ser monopolio de nadie. Perderíamos la oportunidad de tener un gobierno realmente surgido de los ciudadanos en vez de uno dominado por la clase política.
CENTRALIZACIÓN
El presidente reconoció ayer que su propósito de descentralizar la administración pública no ha avanzado. Y es muy claro por qué no. López Obrador concentra todas las decisiones, lo cual obliga a una mayor centralización.
Twitter: @SergioSarmiento
