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Internacional

Denuncia AI acoso de EUA y México

EFE
CALIFORNIA, EUA, miércoles 03 de julio 2019, actualizada 9:40 am

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Defensores de los derechos de los migrantes, abogados, periodistas, refugiados y solicitantes de asilo son el blanco de una campaña de "acoso", intimidación y amenazas por parte de autoridades de México y Estados Unidos, denunció este martes Amnistía Internacional (AI).

Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI, dijo que es la primera vez que denuncian la "criminalización y el acoso" de defensores de los derechos humanos en EUA, pero que las políticas "restrictivas" del Gobierno del presidente Donald Trump hacia migrantes y refugiados generan un clima de "persecución" contra aquellos que defienden a estas personas.

En conferencia de prensa en San Diego, a metros de la valla que divide a México de California y del paso fronterizo de San Ysidro, la organización presentó el informe "Salvar vidas no es un crimen", que incluye 23 entrevistas a activistas, abogados y periodistas.

Todos ellos, indica, son sujetos desde 2018 a interrogatorios, detenciones e inspecciones a sus computadoras y teléfonos celulares al cruzar la frontera.

"Presentamos este reporte en el puerto de entrada de San Ysidro porque es exactamente aquí donde vemos muchos de los abusos", comentó Brian Griffey, investigador para Norteamérica de Amnistía Internacional.

Griffey señaló que las autoridades migratorias explotan las lagunas legales para infligir a estas personas a procesos de intimidación, acoso y hostigamiento cada vez que cruzan la frontera para realizar una labor en favor de migrantes o solicitantes de asilo en Estados Unidos.

El informe fue entregado el pasado lunes a un representante del Gobierno federal mexicano, pero autoridades estadounidenses no aceptaron una reunión con AI, por lo que integrantes de la organización se manifestarán pacíficamente frente a las instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en San Diego esta tarde.

Respecto a las recomendaciones emitidas en el informe, se hacen pronunciamientos al Congreso de los Estados Unidos, al Departamento de Seguridad Nacional y al DHS para que investiguen y terminen con el uso indebido del sistema de justicia penal para disuadir a activistas, abogados, periodistas y voluntarios que prestan ayuda humanitaria a migrantes y solicitantes de asilo.

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