México se ha convertido en piñata de sonrisa inerte, que los americanos tunden cuando quieren. Dado que su campaña presidencial está en curso, sería un buen momento para recordarles su responsabilidad en los asesinatos con arma de fuego de 5,900 personas, entre enero y mayo de 2019.
El presidente y el canciller mexicanos presumen el cambalache de aranceles por migrantes. Nada dicen sobre su silencio ante las 200 mil armas de fuego que entran a México cada año de manera ilegal, además de munición, explosivos y todo tipo de equipo bélico. Con ese armamento, los Cárteles pueden enfrentarse a policías y marinos equipados, ¡oh, paradoja! con rifles y pistolas probablemente comprados en los Estados Unidos.
La situación empeorará, porque según me cuenta Eugenio Weigand, mexicano monitoreando el tema de las armas desde el Center for American Progress de Washington, los Cárteles mexicanos ahora compran el armamento en partes, para luego ensamblarlo en México. La industria criminal también está integrada.
Si todos sabemos que las armas vienen de Estados Unidos, si los dos países han categorizado a los Cárteles como enemigos de sus seguridades y si los mexicanos vivimos aterrados por tantos asaltos, secuestros y asesinatos, ¿por qué no cercenan el torrente de avituallamientos bélicos?
Trump guarda silencio por su alianza con la Asociación Nacional del Rifle y por las ganancias que obtienen los mercaderes de la muerte. La complicidad de Washington se refleja en la disparidad de los presupuestos para 2019: la Border Patrol, dependencia que frena migrantes, tendrá 16,690 millones de dólares; la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivo (ATF) -encargada de combatir el contrabando de armas- 1,250 millones.
Dado que los mexicanos somos las víctimas, es más condenable la indolencia gubernamental mexicana. Ni presionan a Estados Unidos para que reduzca su laxitud, ni combaten el contrabando en México. El ex embajador Arturo Sarukhán tiene años insistiendo sobre este problema y en un "tuit" de finales de 2018 resumió la situación: "No tenemos protocolos para la revisión del cruce ilícito de armas y dinero en efectivo por los puntos de cruce fronterizo porque Aduanas sigue primordialmente dedicada a la recaudación y no a la seguridad e interdicción".
Tampoco han investigado a los funcionarios responsables de casos probados de contrabando de armamento. En septiembre de 2014, un grupo de ciudadanos apoyados por el bufete de Gonzalo Aguilar Zinser, presentamos una querella ante la Procuraduría General de la República contra aquellos funcionarios mexicanos que aprobaron el operativo "Rápido y Furioso" de la ATF, que consistió en dejar pasar más de dos mil armas de alto poder a nuestro país. Han pasado cinco años y el expediente está archivado.
En Estados Unidos se respeta a quien utiliza el conocimiento para exigir justicia y trato justo. Es posible defenderse de Estados Unidos y existen mil y una historias de mexicanos obteniendo respeto y éxito en el país con el cual compartimos frontera. El contrabando de armas reúne todos los requisitos para que el gobierno mexicano lo incorpore como parte integral de su discurso y lo complemente con acciones legales y campañas de sensibilización que informen a la sociedad estadounidense -y mexicana- de lo que está sucediendo.
Si el gobierno federal se rehúsa a asumir su responsabilidad, otros actores deberían empujar el asunto, hasta lograr que forme parte de la agenda de prioridades nacionales y de la relación bilateral. Entre los candidatos estarían: congresistas como Porfirio Muñoz Ledo o Emilio Álvarez Icaza, partidos opositores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismos civiles de derechos humanos o los gobernadores de las entidades más afectadas por las armas. Inevitable pensar en el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, campeón de causas imposibles.
A la política exterior mexicana le urge ponerse al día. Está rezagada, aletargada. Ha olvidado que la obligación número uno del Estado es garantizar la seguridad de la ciudadanía. En los primeros cinco meses de 2019, hubo 8,442 homicidios dolosos con armas de fuego. De ellos, 5,900 murieron por armas traídas ilegalmente de Estados Unidos. Con su silencio, el presidente y su canciller se están haciendo cómplices de una infamia.
@sergioaguayo
Colaboró: Zyanya Valeria Hernández Almaguer.
