Aunque según el gobierno mexicano el programa tiene como eje los derechos humanos, para quienes rigen albergues como Jesús el Buen Pastor la prioridad de las autoridades es reforzar la frontera sur y aumentar las detenciones y deportaciones en lugar de atender a los migrantes. (ARCHIVO)
Eylin Martínez quizás no consiga medicamentos para su bebé de 11 meses que está con fiebre y sabe que dormir es complicado por el calor y la cantidad de gente. Corina Gutiérrez, con ocho meses de embarazo, aún no decidió cuándo seguirá viaje a Estados Unidos para reunirse con su hijo de 12.
Ambas hondureñas, sin embargo, se sienten a gusto y seguras en Jesús el Buen Pastor, uno de los albergues de la ciudad mexicana de Tapachula, casi en la frontera con Guatemala, que pese a las carencias y la superpoblación son como un oasis para los migrantes centroamericanos.
Recientemente el gobierno de México acordó con Washington un plan para reducir el flujo de migrantes que cruzan su territorio a cambio de evitar que la administración de Donald Trump impusiera aranceles a sus exportaciones.
Aunque según el gobierno mexicano el programa tiene como eje los derechos humanos, para quienes rigen albergues como Jesús el Buen Pastor la prioridad de las autoridades es reforzar la frontera sur y aumentar las detenciones y deportaciones en lugar de atender a los migrantes.
La religiosa Olga Sánchez, fundadora del albergue privado que se mantiene con donaciones, reconoció que “están viviendo miserias”. Las instalaciones, con capacidad para 250 personas, llegan algunos días a recibir a casi 700 de las cuales más de un tercio son niños, aseguró.
Durante el día los patios se convierten en cocina y lugar de juego para los pequeños. Por la noche la panadería, parte de la cocina y las capillas se cubren de colchonetas para dormir.
Sánchez admitió que a veces sólo puede darles frijoles y arroz porque no recibe ayuda estatal y las deudas se acumulan. El año pasado tuvo que cerrar el albergue durante unos meses porque le cortaron la electricidad.
Los grupos religiosos, en su mayoría católicos pero también algunos protestantes, han operado durante mucho tiempo refugios para ayudar a los migrantes. Inicialmente ayudaban a los mexicanos que se dirigían al norte o habían sido deportados. Pero el flujo de mexicanos hacia el norte ha disminuido y ha sido reemplazado por una nueva oleada de centroamericanos, cubanos e incluso africanos que intentan llegar a Estados Unidos o, en algunos casos, establecer sus raíces en México.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró el miércoles que apoyará a los albergues de organizaciones no gubernamentales e iglesias para que puedan atender mejor a los migrantes. Pero muchos dudan de la promesa y se muestran preocupados por mensajes como el lanzado la víspera por el gobierno del estado de Tabasco, que anunció acciones para investigar el supuesto lavado de dinero en esos recintos.
La organización internacional humanitaria Médicos sin Fronteras (MSF) indicó el miércoles en un comunicado que el aumento de las redadas policiales y arrestos de migrantes cerca de la frontera sur de México están empujando a las personas a viajar clandestinamente y evitar que reciban atención médica.
"Ya estamos viendo las consecuencias de criminalizar a los migrantes y solicitantes de asilo", dijo Sergio Martín, jefe de la misión de MSF en México. Los migrantes “se ven obligados a viajar por rutas peligrosas, atacados por elementos criminales y sin acceso a refugios o servicios de salud básicos cuando más los necesitan”.
En los últimos días el flujo de migrantes parece haber descendido en coincidencia con la presencia en la frontera de más policías, militares y marinos que apoyan a los agentes de migración o buscan a traficantes de personas en zonas montañosas.
Pero eso no ha reducido la superpoblación en los albergues ya que muchos migrantes temen seguir su ruta hacia el norte por el aumento de los controles.
Jesús el Buen Pastor tuvo que rechazar el martes a siete salvadoreños que remitió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que renta un hotel en Tapachula donde acoge a algunos solicitantes de asilo.
“Estamos bien”, comentó Hoda Teresa Gómez, quien llegó hace dos semanas de Honduras con su marido y sus tres hijos. “Es mejor estar aquí que lo metan preso a uno”.
En la frontera norte de México con Estados Unidos, los refugios en lugares como Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez se ven abrumados por los migrantes que llegan desde el sur así como por los miles que el gobierno estadounidense ha devuelto para que se resuelvan sus solicitudes de asilo en territorio mexicano.
El padre César Augusto Cañaveral, director del albergue Belén, de la Iglesia católica, aseguró que también se encuentra en “emergencia humanitaria” porque no sólo hay que ofrecer comida a los migrantes, también es necesaria la atención psicológica.
Sus instalaciones bien pintadas, con jardín y columpios para los niños, son un paraíso pese a estar al doble de su capacidad con casi 300 migrantes, la mayoría familias en espera de refugio.
Un técnico guatemalteco, su esposa y sus tres hijos disfrutaban de un poco de calma tras salir de su pueblo por una amenaza de muerte.
El joven que reparaba computadoras y cuyo nombre oculta por seguridad, contó que no encontraron militares ni policías al cruzar el río irregularmente. Sin embargo, cuando viajaban en una camioneta pública entre la frontera de Guatemala con Tapachula la madrugada del martes, en lugar de retenes se encontraron con extorsionadores. Primero un uniformado atravesó su vehículo en la carretera y subió a la camioneta con un arma, luego otros supuestos policías. “Me dijeron que si no pagaba me entregarían a migración”.
El sacerdote alertó a los recién llegados que no salgan mucho del albergue porque los pueden detener y manifestó su preocupación por el impacto a largo plazo de la militarización de la frontera.
“No creo que el gobierno aguante en la frontera”, dijo. “En cuanto se vayan los militares viene (el flujo migratorio) peor, porque viene con más fuerza”.
