La diputada Tagle, de Movimiento Ciudadano, externó su preocupación de que la GN se encargue de los migrantes. (EFE)
El despligue de la Guardia Nacional en la frontera sur para detener la migración centroamericana dividió posturas entre legisladores y activistas de derechos humanos.
En entrevistas por separado, el diputado Benjamín Robles Montoya, del Partido del Trabajo, sostuvo que la Guardia Nacional "estará baja la lupa" en cuanto al respeto a los derechos humanos de los migrantes que lleguen a México. Ese cuerpo de seguridad, aseveró, no es un peligro para los migrantes, pero "la clase política estará muy al pendiente de sus acciones", y defendió la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador en el tema migratorio, con respeto a los derechos humanos de quienes crucen el territorio nacional, sea de forma legal o ilegal. Advirtió que lo que es un peligro es no actuar en contra de la delincuencia, y más aún contra las bandas de "polleros" que trafican con hombres, mujeres y niños que cruzan el país.
La diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, externó su preocupación de que la Guardia Nacional sea el cuerpo encargado de controlar el paso de los migrantes, al considerar que con esto se convierte en el muro de Trump.
La también activista alertó que se corre el riesgo de militarizar la estrategia, y con ello que se cometan agravios a los derechos humanos de las personas migrantes.
Francisco Javier García Ramírez, representante de la asociación civil Equidad y Género, advirtió que las mujeres y niños que vienen en los flujos de migrantes son más vulnerables a sufrir toda clase de violaciones a sus derechos.
Urgen crear comisión de búsqueda
Tras el homicidio del estudiante Norberto Ronquillo Hernández, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ( CDHDF) urgió a la instalación de la Comisión de Búsqueda de Personas en la Ciudad de México. El organismo consideró que para dirigir a la Comisión, se requiere un perfil con las credenciales académicas y profesionales adecuadas, y con sensibilidad para atender a personas afectadas por el flagelo de la desaparición de un familiar o ser querido. La CDHDF estimó que el homicidio de Ronquillo Hernández hace evidente la necesidad de contar con políticas públicas integrales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas en la Ciudad de México, independientemente de su clasificación jurídico-penal.
A la Comisión de Búsqueda se le debe dotar de inmediato de los recursos humanos,materiales y financieros para trabajar, así como de la colaboración de todas las autoridades de la Ciudad de México, y la persona que la dirija debe elaborar a la brevedad un plan estratégico de acciones inmediatas y a mediano plazo. Pidió que las autoridades de la Ciudad de México revisen y, en su caso, instalen a la brevedad los diversos registros y bases de datos que las normas jurídicas les ordenan, así como el correcto funcionamiento de los diversos servicios de vigilancia con los que cuenta esta ciudad. Reconoció que en los últimos años se han desarrollado en el país diversas normas jurídicas para la búsqueda de personas, entre las cuales mencionó el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el Mecanismo de Apoyo Exterior o la Alerta AMBER
