El trabajo comenzó en el primer congreso Sustentabilidad del Agua en México en diciembre de 2012. Más de 420 investigadores y organizaciones llevaban 7 meses preparando una Iniciativa Ciudadana de Ley de Aguas que garantizara acceso equitativo y sustentable al agua a través de plena participación ciudadana como dicta el 4 constitucional.
Como se sabe, la reforma al artículo 4 estableció el derecho humano al agua y mandató: "La ley definirá bases, apoyos y modalidades para acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos estableciendo la participación de Federación, entidades federativas y municipios, así como la participación ciudadana para la consecución de dichos fines."
Artículo 3 transitorio: El Congreso de la Unión contará con 360 días para emitir una Ley General de Aguas.
La propuesta ciudadana fue presentada el 7 de febrero de 2013 y el grupo promotor dedicó 2 años a mejorarla a través de talleres en 26 estados a la vez que fortaleció formas de gestión comunitaria y ciudadana del agua, incluyendo elaboración de leyes ad hoc en estados y Ciudad de México.
El segundo congreso Ciudadanos y Sustentabilidad del Agua en México -Guadalajara, octubre 4, 2014-, dio origen a la Coordinadora Nacional Agua para Todos, que en febrero 9 de 2015 entregó su propuesta de ley a senadores y diputados.
Construyó el Consenso Nacional por el Agua que presenta:
1. Garantizar la gestión pública del agua, sin fines de lucro, para sistemas de agua y saneamiento como para operación de obras hidráulicas.
2. Democratizar las decisiones sobre aguas nacionales, cuencas, sistemas de agua y saneamiento y de riego, a través de consejos ampliamente representativos, a cargo de elaboración y ejecución de planes rectores con el fin de lograr acceso equitativo y sustentable, soberanía alimentaria con sustentabilidad hídrica, acceso universal a servicios de calidad así como fortalecimiento de cuencas frente al cambio climático.
3. Respetar el derecho de los pueblos indígenas sobre las aguas de sus territorios, así como derechos de los núcleos agrarios establecidos en decretos presidenciales, sin el artificio de las concesiones.
4. No permitir compra y venta de concesiones de aguas nacionales, ni "bancos del agua"; garantizar la soberanía de México sobre las aguas superficiales y subterráneas transfronterizas.
5. Condicionar el acceso a aguas nacionales al cumplimiento de la normatividad, así como a los planes para la eliminación progresiva de contaminantes y pago de derechos suficientes para cubrir costo de restauración de cuencas y renovación de aguas extraídas, administración, inspección, vigilancia y sanción.
6. Reducir progresivamente los volúmenes extraídos para usos no asociados con derechos humanos hasta restaurar las cuencas y flujos subterráneos.
7. Reducir al máximo la energía consumida en la gestión del agua, y reemplazar tecnologías de generación de energía eléctrica que impacten negativamente en agua y cuencas, con tecnologías de mínimo impacto, especialmente solar y eólica distribuidas.
8. Requerir un Dictamen de Impacto Sociohídrico demostrando que un proyecto o actividad no vulneraría el derecho humano o de los pueblos al agua como requisito para su autorización.
9. No permitir minería tóxica ni fracturación hidráulica por ser violatorias del derecho al agua de las generaciones actuales y futuras.
10. Garantizar pleno acceso en Internet a información sobre agua y su gestión, especialmente en torno a calidad, autorizaciones que pudieran vulnerar derechos humanos o colectivos, resultados de visitas de inspección, así como desempeño de concesionarios y funcionarios.
11. Lograr recursos públicos suficientes (0.7% PIB) para obras locales de agua y saneamiento y gestión de cuencas, a través de políticas progresivas en cobro de derechos y tarifas, priorización presupuestal y mecanismos para asegurar su óptima aplicación.
12. Contar con Contralorías Ciudadanas y Defensorías del Agua para poner fin a corrupción e impunidad.
