La Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado de Brasil rechazó ayer por inconstitucional un decreto del presidente Bolsonaro, que flexibilizó la venta y la portación de armas y pidió que la medida sea anulada por el Congreso.
La decisión legislativa, respaldada con 15 votos a favor y cinco en contra, deberá aún ser aprobada por mayoría en el pleno del Senado para pasar a la Cámara de Diputados, donde se definirá si es analizada por alguna comisión o pasa directa al pleno.
Si la medida legislativa es aprobada por los diputados, el decreto perderá efecto, por lo que los legisladores deberán prever qué sucederá con las personas que adquirieron armas en base a esta decisión.
