El 'preso político' Gabriel Putoy (i) posa tras ser liberado y llevado a casa por custodios. (EFE)
El Gobierno de Nicaragua puso este lunes en vigor una polémica Ley de Amnistía que vendrá a absolver de responsabilidad a quienes han cometido delitos en el marco de la crisis que estalló hace un año y que ha dejado cientos de muertos, pese al rechazo de los denominados "presos políticos".
La entrada en vigencia de esa norma fue ordenada por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
Este mismo lunes, con base en esa Ley, el Ministerio de Gobernación ordenó la liberación de 50 personas que estaban detenidas "por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública" y que la oposición califica de prisioneros políticos.
El Comité Pro Liberación de Presos Políticos de Nicaragua rechazó esa Ley y acusó a Ortega de aprobar "la amnistía para encubrir sus crímenes cometidos por policías y paramilitares del régimen" en el marco de las protestas.
El Parlamento de Nicaragua, controlado por el oficialismo, aprobó este sábado con carácter urgente esa Ley que concede "amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha".
La Ley ordena a las autoridades competentes a cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales para determinar responsabilidad, así como la ejecución de sentencias, y liberar de forma inmediata a las personas que se encuentran en la cárcel al momento de la entrada en vigor de la Ley.
La norma cubre todos los delitos políticos y los delitos comunes conexos, exceptuando aquellos regulados en tratados internacionales que Nicaragua es Estado parte.
La iniciativa ha sido rechazada por la oposición nicaragüense bajo el argumento que no ofrece justicia a las víctimas de las protestas contra el Gobierno que comenzaron por unas impopulares reformas a la seguridad social.
También porque la Ley está basada en la tesis oficial en que las manifestaciones antigubernamentales se trató de un intento de golpe de Estado contra el mandatario.
Según la oposición, con esa amnistía el Ejecutivo lo que pretende es liberar de acusaciones legales "a su gente", entre los que mencionan a la Policía Nacional y a los civiles armados.
