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Colombia rechaza informe de ONU

Aseguran que el Gobierno no ha incitado a la violencia

La ONU señaló que el asesinato de un exguerrillero es un atentado y un desafío para el proceso de paz. (ARCHIVO)

La ONU señaló que el asesinato de un exguerrillero es un atentado y un desafío para el proceso de paz. (ARCHIVO)

EFE

El Gobierno colombiano rechazó "de forma enfática" un comunicado de la ONU que al condenar el asesinato de exguerrilleros de las FARC lo instaron a respetar las garantías de seguridad del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016.

"El Gobierno no ha incitado a la violencia contra ningún desmovilizado de las FARC y viene haciendo un esfuerzo enorme por cumplir las garantías que se les otorgaron en el Acuerdo Final", señala un comunicado de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.

Los miembros del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas divulgaron ayer en Ginebra un comunicado en el que condenaron "el reciente asesinato e intento de desaparición forzada" de Dimar Torres Arévalo, desmovilizado de las FARC, ocurrido el pasado 22 de abril en una zona rural de Convención, en el departamento de Norte de Santander, y del cual se responsabiliza a militares.

"Este atentado es un desafío para el proceso de paz, ya que no cumple con el Acuerdo Final que exige el respeto a la vida de todos los excombatientes quienes deponen las armas. Por lo tanto, es una violación de las garantías acordadas por Colombia", dijeron los expertos independientes, quienes consideraron este caso como "una ejecución extrajudicial".

Al respecto, el Gobierno respondió que "es totalmente inaceptable la afirmación de que existe un 'aparente desprecio de estas garantías a nivel estatal', así como la sugerencia de que el Gobierno no está tomando medidas para implementar los acuerdos".

Según el Gobierno, "es absolutamente infundado que una actuación u omisión del Estado, de alguna manera, haya incentivado actos violentos en contra de excombatientes de las antiguas FARC".

"La seguridad de quienes se acogieron al proceso de paz es una prioridad para este Gobierno, que no ha escatimado esfuerzos para garantizar su protección. Se continuará disponiendo de todo lo que se precise para afinar las medidas de aseguramiento para los hombres y mujeres que se acogieron a la legalidad y han continuado transitando en este camino", añade el comunicado.

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