Todos y cada uno de los actos de un jefe de estado conllevan un lenguaje simbólico. Desde la forma de vestir, de relacionarse con la ciudadanía y por supuesto el lenguaje que se utiliza. El nuevo gobierno sabe de símbolos, ha destruido varios. Pero también ha comenzado la construcción de su nueva simbología. Dos Bocas es ya un referente obligado de irresponsabilidad e ilegalidad.
La discusión puede ser o muy compleja o muy sencilla. Los técnicos y conocedores afirman que la refinería no debe construirse. Pemex es campeón de pérdidas en refinación. Además, en el mundo hay sobre oferta. Mejor invertir en exploración y extracción. Pero no, la administración decide ir tras la "autonomía energética". Los técnicos dan buenas razones para no construir en Dos Bocas: la brutal erosión de las instalaciones en el mar; la adversidad meteorológica que garantiza muchos días al año de parálisis; la gran distancia para acercar el combustible hacia el centro del país, la mayor área de consumo. Pero ninguna de esas observaciones ha sido tomada en cuenta. Finalmente, como si fuera poco, la discrepancia sobre el precio oficial no es menor, va de 50% a casi 100% más. Pero, va porque va.
Simbólicamente la gestión manda un mensaje de total desprecio por las consideraciones técnicas, productivas y económicas, cuyos costos pagaremos muy caro todos los mexicanos. La versión oficial se aferra a la idea de un "acto de justicia para el sureste del país". Es decir, un mal negocio donde se tire el dinero de los mexicanos es válido si la intención es justiciera. Con ese criterio se vale quebrar al país entero para hacer justicia a los desvalidos, los que el gobernante considere como tales. Muy probablemente haya motivos sustentables en hechos, pero no se les ha invocado. La decisión está por arriba de los razonamientos terrenales.
Pero hay algo aún más grave. El estado y sus representantes deben en todo momento ser los defensores de la ley. A ellos sólo les está permitido lo que está normado y son observados en todo momento. El trámite es público: SENER debe solicitar una Manifestación de Impacto Ambiental, de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y, en caso de haber una aprobación, esta deberá publicarse en la Gaceta Ecológica de la SEMARNAT. Suena burocrático, pero así está establecido por ley. Iniciar la construcción sin permiso de ley, violenta el derecho ambiental, el estado de derecho y los derechos humanos de todos los mexicanos, como lo han hecho ver del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Greenpeace. Sólo hay un permiso que autoriza dragado para el puerto y proviene del 2015. Nada de refinería. Incluso si se solicitara el día de hoy, el dictamen tardaría 60 días hábiles, de acuerdo al director general de ASEA. Por su parte el director de CEMDA, anunció que ya se preparan las demandas ante las instancias ambientales y también ante tribunales. ASEA ya multó con 40 mdd., a la empresa que realizó el desmonte y le ordenó reforestar.
Cómo está esto, órganos estatales demandarían a las propias autoridades por violentar la ley. Va la respuesta del jefe de estado "hay... toda una constelación de aparatos burocráticos... que se esmeraban en no dar ningún permiso y atoraban todo. Pues ya no queremos esa normatividad...". La instrucción es operar ya, aunque se viole la ley. El leguaje literal es, por lo menos subversivo. El mensaje es muy claro, si al ciudadano no le gusta la norma que la mande al demonio. Los estudios de Cultura Constitucional de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre otros, muestran una importante disminución del grupo de mexicanos que consideraba valido desobedecer las leyes si le parecían injustas. Llegó al 23%. Alexis de Tocqueville lo vio con claridad, la legalidad también está en la mente de los ciudadanos.
Pero ahora, desde la cúspide del poder se justifica violar las normas que nos desagraden. Mensaje simbólico: Dos Bocas igual a ilegalidad oficial.
